HISTORIA DE ESPAÑA. BLOQUE II. PARTE I

10. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

10.1. La crisis de 1808. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal.

            Situación entorno a 1800: Demográficamente, en la España de en torno a 1800 se produjo un tránsito de un modelo de tipo antiguo a uno de tipo moderno. A nivel social, pasamos de una sociedad estamental a una de notables, con una nueva élite: la burguesía. Respecto a la hacienda, hay un modelo fiscal deficiente.

            Reinado de Carlos IV: Carlos IV subió al trono español en 1789 y mantuvo al conde de Floridablanca al frente del gobierno. Al poco tiempo, estalló la Revolución francesa (1789), por lo que Floridablanca decidió cerrar la frontera con Francia, siendo sustituido por  el conde de Aranda. El principal cometido de Aranda fue procurar que Luis XVI siguiera en el trono francés, pero este fue guillotinado en 1792, rompiendo España sus relaciones con Francia y uniéndose a los aliados en la guerra de la Convención. En dicha contienda, los franceses ocuparon Irún y San Sebastián, teniendo lugar la paz de Basilea (1795), en la que España cedió parte de Santo Domingo a cambio de recuperar los territorios perdidos. Paralelamente, Aranda fue sustituido por Manuel Godoy, que, en 1796, se alió con Francia en el Tratado de San Ildefonso. Inmediatamente, Inglaterra atacó Francia, entrando España. Al año, Francia firmó la paz por separado, quedando España sola. La consecuencia de esto fue la destitución de Godoy, colocándose a Saavedra y a Urquijo en su lugar. Estos firmaron la paz con Inglaterra e intentaron la alianza con este país. Sin embargo, en 1799, Napoleón Bonaparte dio el golpe de Estado de Brumario y, entendiendo que necesitaba el apoyo de España, presionó a Carlos IV para que restituyese a Godoy (Generalísimo de los Ejércitos y Príncipe de la Paz). A continuación, Francia e Inglaterra volvieron a entrar en guerra, atacando España a Portugal, aliado inglés. Esta fue la Guerra de la Naranjas (1801), en la que España logró la zona de Olivenza en el Tratado de Badajoz. En 1802, Francia firmó la Paz de Amiens con Inglaterra, aprovechando Godoy para buscar nuevos aliados. Trató de formar una liga de neutrales con Portugal, Rusia y Suecia, pero, al poco tiempo, un buque inglés apresó un cargamento español, comprendiendo Godoy la necesidad de aliarse con Francia.

            En 1805, Napoleón decidió librarse de Inglaterra enviando una flota hispano-francesa al mando de Villeneuve, que debía emular dirigirse a Canadá, dando la vuelta para atacar el canal de la Mancha. El inglés Nelson se percató de la estrategia. Ante esto, Villeneuve, desobedeciendo a Napoleón, marchó a Cádiz, presentando posteriormente batalla a los ingleses (batalla de Trafalgar de 1805) y siendo derrotado. A partir de este momento, la unión de las flotas española y francesa no fue suficiente contra la inglesa, no pudiendo garantizarse el comercio español con América. Tras este fracaso, Napoleón trazó un nuevo plan: impuso un bloqueo comercial europeo sobre Gran Bretaña. Sin embargo, Portugal no lo respetó, considerando Napoleón la conquista de este país. Para invadir Portugal, era necesario pasar por España, por lo que Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau (1807), según el cual España concedía a las tropas francesas permiso de tránsito. Paralelamente, en el interior de España, se produjo una crisis en la Corte en la que se enfrentaron Godoy y sus partidarios contra una serie de aristócratas liderados por Fernando, hijo del rey. Así, tras extender Fernando una serie de rumores, se produjo el proceso de El Escorial (octubre de 1807), en el que Godoy le acusó de conspirar contra su persona y contra el rey. Al mismo tiempo, Napoleón dio la orden de tomar las principales plazas en el norte español y escribió una carta a Godoy para que la frontera descendiera al Ebro. Así, Godoy entendió que Napoleón quería España e ideó la huida de la familia real a Cádiz. Ante esto, en marzo de 1808, el pueblo de Aranjuez, animado por Fernando, atacó el palacio, produciéndose el Motín de Aranjuez. Carlos IV fue obligado a abdicar en su hijo, por lo que escribió a Napoleón para que intercediera en su favor. Napoleón invitó a Fernando a ir a Bayona, produciéndose, el 1 de mayo de 1808, las renuncias de Bayona, en las que Fernando cedió el trono a Carlos, este a Napoleón y este a su hermano José Bonaparte. Al día siguiente, cuando el resto de la familia real se disponía a partir del Palacio de Oriente, se produjeron los acontecimientos del 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se sublevó contra las tropas francesas, dando Murat la orden de que fuera reprimido. Al mismo tiempo, se produjeron sublevaciones en otras ciudades españolas, comenzando así la Guerra de la Independencia.

            Guerra de la Independencia: Dicha guerra tuvo tres dimensiones: internacional (lucharon ingleses, franceses, portugueses y españoles), nacional (los españoles combatieron contra la ocupación francesa) y civil (lucharon los afrancesados, partidarios de José I, contra los patriotas, partidarios de Fernando VII). En cuanto a las razones de la contienda, son diversas: el malestar de los españoles ante el abuso francés o la influencia del clero. La Iglesia Católica elaboró un catecismo político y un trilema: Dios, patria y rey. Los españoles combatían por Dios por considerar a los franceses enemigos de la religión. Con respecto a la patria, diremos que en este momento se cambió el concepto que se tenía de esta palabra, nombrando con ella el conjunto del reino. Los absolutistas entendían por patria el conjunto de los territorios históricos y los liberales la suma del pueblo. Así, en el siglo XIX dejó de ser la religión el elemento que unía el país y comenzó a ser la patria. Finalmente, los españoles lucharon por el rey Fernando VII, preso en Bayona.

            En este momento existían tres centros de poder. En primer lugar, la monarquía de Fernando VII, que finalizó en Bayona. En segundo lugar, la monarquía de José I, que se apoyaba en el Estatuto de Bayona, siendo así un sistema de Carta Otorgada (la Constitución fue dada por el rey en lugar de ser aprobada en las Cortes). Según este estatuto, el poder se dividía en: legislativo (rey y Cortes), ejecutivo (rey) y judicial (jueces elegidos por el rey), presentándose José I como un rey reformista. Por último estaban las juntas, coordinadas en la Junta Central, responsable de firmar una alianza con Gran Bretaña y que más tarde fue sustituida por una Regencia, responsable de convocar las Cortes que elaboraron la Constitución de 1812.

            En la Guerra de la Independencia, destacaron tres etapas. En la primera (mayo de 1808-julio de 1808), el intento de establecer una monarquía bonapartista pacíficamente fracasó. La idea de Napoleón pasaba por: asegurar el abastecimiento hasta Madrid; controlar Cataluña para invadir Aragón y Valencia; y, por último, controlar el resto de España. En un principio, los franceses lograron victorias en el Norte, pero luego fracasaron en el intento de tomar Gerona,  Zaragoza y Valencia, siendo derrotados en la batalla de Bailén (julio de 1808) ante las tropas del general Castaño y empezando así la segunda etapa (julio de 1808-julio 1812), en la que José I evacuó la Corte de Madrid a Vitoria, instalándose la Junta General en Aranjuez. En 1809, dicha Junta firmó una alianza con Gran Bretaña. Todos estos éxitos aumentaron la moralidad española. Sin embargo, Napoleón regresó victorioso de sus campañas contra Rusia y Austria y se dirigió con la Grande Armée (200.000 hombres) a la Península Ibérica, que logrará controlar militarmente (excepto Cádiz). Además, consiguió atraer el apoyo de liberales españoles mediante los decretos de Chamartín, en los que se abolió la Inquisición, el sistema señorial y las aduanas internas, además de reformar el clero regular. Sin embargo, el dominio de las tropas francesas, hostigadas por grupos de guerrillas, fue precario. Finalmente, en julio de 1812, Wellington, general inglés, venció a los franceses en Arapiles. Comenzó así la tercera etapa (julio de 1812-diciembre de 1813), en la que la retirada francesa fue continua. José I volvió a trasladar la Corte de Madrid a Valencia, abandonando España en 1813. A este hecho se añadió el levantamiento del sitio de Cádiz. Las últimas batallas fueron las de Vitoria y San Marcel, siendo las tropas galas derrotadas también en Levante. Así, en diciembre de 1813, Napoleón firmó con Fernando VII el Tratado de Valençay, reconociéndole como rey de España.

            Las consecuencias de esta contienda fueron diversas. Demográficamente, la guerra impactó notablemente en la población, causando también una pérdida del potencial de crecimiento demográfico. Económicamente, se produjo un aumento del estado de depresión: se frenó la producción artesanal, la industria textil desapareció, tuvieron que reconstruirse ciudades, se cortó el comercio y aumentaron los gastos del Estado, siendo incrementados los impuestos. Finalmente, decir que en 1814 Fernando VII regresó a España, dio un golpe de Estado, suprimió la Constitución de 1812 e instauró una monarquía absolutista.

10.2. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

            Introducción: La implantación del liberalismo en España fue un proceso accidentado, marcado por la división social causada por los conflictos entre liberales y absolutistas y sus diferentes facciones. Así, las constituciones elaboradas durante el siglo XIX fueron diversas.

            Convocatoria: Desde 1808 hubo una serie de iniciativas para convocar Cortes con dos fines: llevar a cabo algunas reformas y que estas reformas sirvieran para atraer el apoyo de los liberales. Después de los intentos de Jovellanos y Calvo de Rozas, la Junta Central fue sustituida por la Regencia, que convocó Cortes unicamerales, formadas por 300 diputados: 240 peninsulares y 60 americanos. El número de asistentes fue escaso (104 en la primera sesión y 184 al aprobar la Constitución de Cádiz) debido a la dificultad que tuvieron para acudir tanto los americanos (por las revueltas independentistas y el difícil tránsito) como los peninsulares (por la guerra), teniendo gran importancia los suplentes, como Arguelles. En las Cortes hubo mayor representación de los antiguos grupos privilegiados que de los burgueses. Por ideología, se dividieron en: absolutistas (divididos en realistas y reformistas o ilustrados) y liberales (divididos en moderados y radicales). La Constitución de 1812 fue resultado del consenso entre moderados e ilustrados.

            Constitución de 1812: A la hora de hablar de la Constitución, es importante dejar claro cuál era el concepto de nación, español y ciudadano que se estableció, así como la confesionalidad y la organización de poderes. En este momento, el concepto de nación de los absolutistas era el de la unión de los territorios históricos, que poseían una soberanía trasladada al rey. Los liberales, por su parte, tenían un concepto más abstracto, definiendo nación como el conjunto de los ciudadanos, que debían ceder su soberanía a unos representantes. Esta idea liberal tuvo varias consecuencias: el establecimiento por vez primera en España del sufragio; la identificación de nación y Estado, quedando los derechos ciudadanos supeditados al interés de este último; y la defensa de la uniformidad del territorio, afectando esto a Vascongadas, Navarra y Cataluña, donde se reivindicaron los fueros.

            Con respecto al concepto de español, en el artículo 5º de la Constitución se reconoció como español al nacido en el territorio nacional y al extranjero con carta de naturaleza. En los artículos 18º y 26º, se reconoció como ciudadano español al que por ambas líneas tenía procedencia hispánica y a la persona que obtuviera carta de ciudadanía de las Cortes. El artículo 25º especificaba la pérdida de la ciudadanía en estos casos: los incapaces físicos o morales, los deudores, los sirvientes domésticos y los procesados criminalmente. La ciudadanía concedía derechos civiles y políticos, pudiendo el ciudadano votar y ser votado (aunque luego se establecieron otros requisitos para esto último). Se estableció que los derechos civiles le venían al hombre por naturaleza y los políticos eran concesión del Estado, por lo que, en la teoría, hubo igualdad civil y no política. En la práctica, la mayoría de los españoles fueron ciudadanos, pudiéndose hablar de sufragio universal masculino.

            En el artículo 12º, se estableció la confesionalidad católica, cosa que gustó a la Iglesia, que apoyó la Constitución hasta que, en 1813, se dieron una serie de decretos de desamortización de sus propiedades. En cuanto a la organización de poderes, estos presentaron una división parcial. El titular del poder ejecutivo fue el rey, que trabajaba con cinco secretarios de despacho, nombrados por él, responsables de las decisiones tomadas y que sirvieron como mecanismo de control de la Corona. También para limitar el poder real se modificaron las competencias del Consejo de Estado, que debía estar formado por 40 personas, elegidas por el monarca a partir de una lista elaborada por las Cortes. En cuanto al poder legislativo, la iniciativa legal era del rey, que presentaba un proyecto discutido, modificado, votado y vuelto a presentar al monarca, si había obtenido mayoría, para que fuera sancionado por él, que podía vetarlo durante dos años, ya que, si en la próxima legislatura era nuevamente aprobado, este debía aceptarlo. Las Cortes eran unicamerales e indisolubles, y para ser diputado se debían poseer bienes raíces. Finalmente, decir que el poder judicial estaba supeditado al poder ejecutivo.

            Legislación ordinaria: En la Constitución se establecieron dos principios que fueron desarrollados por la legislación ordinaria: el de propiedad y el de igualdad. En relación al principio de propiedad se estableció lo siguiente: el permiso para cercar los campos si esto era voluntad de su propietario; la libertad de arrendamiento, que perjudicará a los campesinos por las malas condiciones de trabajo; la separación de la agricultura y la ganadería, lo que perjudicó a ambas; el fomento de la educación agraria, instituyéndose escuelas de agricultura que debían estar sufragadas por los ayuntamientos; el intento de que la propiedad pudiera venderse y comprarse libremente, para lo cual esta debía ser libre (no podía estar vinculada a un título), plena (aquella que mantiene todos sus atributos) e individual (siendo suprimidas las propiedades comunales); y la desamortización de propiedades municipales y del clero regular, que fueron subastadas (siendo adquiridas por los nobles y la alta burguesía), repartidas entre campesinos sin tierra (empezando a asociar los campesinos el liberalismo con el reparto de tierras) y entregadas a militares de baja graduación. Con respecto al principio de igualdad, es necesario tener en cuenta que, en esta época, los liberales entienden que la sociedad debe ser meritocrática, es decir, se debe dar a cada uno lo que merece. Y es de acuerdo a esta idea conforme a la cual se establece lo siguiente: la igualdad de los españoles en la prestación militar y el derecho de todos a ingresar en los colegios militares; un código común para todos los españoles, aunque se mencionaran los fueron navarros y vascos; y la igualdad en la contribución, para lo cual se dieron dos decretos en 1813, estableciéndose la contribución directa mediante cupos provinciales y la abolición del régimen señorial, teniendo que demostrar los nobles la auténtica posesión de sus tierras, lo que llevó a que muchos las perdieran por el extravío de los documentos necesarios o por ser estas señoríos jurisdiccionales concedidos por el rey en épocas pasadas.

            Oposición: Los primeros que se opusieron a la obra de Cádiz fueron los miembros del clero regular, ya que sus tierras habían sido expropiadas. También se opusieron aquellos que apoyaron el golpe de Estado de Fernando VII en 1814, y una serie de diputados que escribieron al monarca el Manifiesto de los Persas, exponiendo estas ideas: la ruptura de Cádiz con la tradición española; la necesidad de hacer reformas sin romper con el absolutismo; y la necesidad de un concilio eclesiástico para reformar la Iglesia. Otros opositores fueron algunos liberales moderados, entre los que destacó José María Crespo Blanco, que publicó un periódico entre 1810 y 1814, donde afirmaba que la Constitución de 1812 provocaba un conflicto entre el poder legislativo y ejecutivo, entre las Cortes y el rey. Así, proponía un sistema bicameral, basado en el inglés, en el que el rey tuviera más poder y en el que los secretarios de despacho pudieran ser diputados, es decir, proponía una monarquía constitucional con gobierno parlamentario.

            Conclusión: Finalmente, en 1814, Fernando VII regresó a España y, aprovechando su gran prestigio, dio un golpe de Estado, suprimió la Constitución de 1812 e instauró una monarquía absolutista.

10.3. Fernando VII: Absolutismo y liberalismo. La emancipación de la América española.

            Introducción: En 1814, Fernando VII regresó a España, apoyado por el pueblo y por una serie de diputados que escribieron el Manifiesto de los Persas, lo que le dio un prestigio que utilizó para, el 4 de mayo de 1814, suprimir la obra de Cádiz, restaurando el absolutismo. Así, los liberales y afrancesados fueron exiliados y el rey perdió la oportunidad de reconciliar los diferentes sectores de la población.

            Etapas: En el reinado de Fernando VII destacaron tres etapas: el sexenio absolutista, el trienio liberal y la década ominosa. Durante el sexenio absolutista (1814-1820) se produjo: una descalificación de España como potencia; un desmoronamiento del imperio indiano; y una constatación de la incapacidad del absolutismo para acabar con la deuda. Se continuó con el proceso de centralización y racionalización de la administración central, dándose más poder a las secretarías de despacho en detrimento de los consejos. En la administración de Hacienda, Martín de Garay (secretario de despacho) encaminó su política a solucionar el problema de la deuda. Para ello, dio un decreto para reducir el gasto público y constituir una nueva forma de contribución directa, que debía complementarse con otro que no entró en vigor por implicar la desamortización. Además, a partir de 1816 se desató una crisis agraria en Europa que aumentó la deuda y dificultó la erradicación del proceso de independencia americano. Debido a todo esto, comenzaron a producirse una serie de pronunciamientos militares que fracasaron hasta que, el 1 de enero de 1820, el comandante Rafael del Riego y el coronel Antonio Quiroga dieron un golpe de Estado con las tropas que iban a ser enviadas desde Cádiz a América. Fernando VII fue obligado a restaurar la Constitución de 1812 y a restablecer el régimen liberal, iniciándose una nueva etapa: el trienio liberal (1820-1823).

            Durante este nuevo periodo, la política de los liberales también fracasó: se aumentó el problema de la deuda; surgieron conflictos internos en los liberales, que no contaban con apoyo social; y empezaron a surgir grupos de radicales, dirigidos por Riego, que se enfrentaron con el rey, el gobierno y las Cortes. Debido a este fracaso, en 1823, Fernando VII dio otro golpe de Estado, restaurando el absolutismo y siendo apoyado por el clero y el pueblo, en el interior, y, en el exterior, por la Santa Alianza, que envió a un ejército denominado los Cien Mil Hijos de San Luis bajo el mando del duque de Angulema. Este se opuso a la represión de las nuevas autoridades españolas, y treinta grandes de España escribieron una carta a Fernando VII rogándole que evitara los excesos. Sin embargo, a pesar de estos intentos, 1094 militares liberales fueron juzgados y, de estos, 132, fueron condenados a muerte. El resto sufrieron otras penas, como el exilio, aumentando la brecha entre liberales y absolutistas en España. Entre los exiliados en Francia, destacaron dos grupos: uno de militares que pudieron regresar en 1824; y otro compuesto por una élite política y económica que fomentó la oposición al absolutismo en el extranjero, destacando Martínez de la Rosa. Los liberales podrán volver a España en 1832 y 1833 gracias a dos amnistías.

            Se inicia de esta manera la década absolutista u ominosa (1823-1833), en la que se recuperó el absolutismo y las instituciones del antiguo Régimen, excepto la Inquisición, sustituida por Juntas de Fe. También se completó el paso de poder de los consejos a las secretarías de Estado, manteniéndose la relevancia política del Consejo de Estado, dirigido por el hermano del rey: Carlos María Isidro de Borbón. En un comienzo, Fernando VII trató de gobernar apoyándose en las dos facciones absolutistas (la de los que no quieren reformas o ultras, liderados por Carlos María Isidro, y la de los reformistas), decantándose en 1826 por los reformistas. Así, llevó a cabo una serie de reformas: instituyó el Conservatorio de Artes (1824); creó la Escuela de Minas y dictó la primera legislación minera, potenciando la industrialización (1826); estableció el Consejo de Ministros en sustitución de la Junta suprema (1826); reformó el ejército (1828); constituyó el Banco de San Fernando, la Bolsa y el Código Mercantil (1829); reformó la Hacienda; y trató de solucionar el problema de la deuda, recortando el presupuesto de la secretaría de guerra, creando impuestos, mejorando la recaudación y estableciendo una caja de amortización. Sin embargo, Fernando VII no reconoció la deuda contraída durante el Trienio Liberal, con lo que los banqueros dejaron de prestarle o le impusieron elevados intereses. Todas estas reformas fueron rechazadas por los ultras que, en 1827, publicaron el Manifiesto de la Federación de Realistas Puros, donde aparece la teoría de la doble legitimidad, por la que el rey debía ser legítimo de origen y de ejercicio. A este manifiesto le siguió una sublevación en Cataluña, denominada la Guerra de los Agraviados, en la que los ultras perdieron. Paralelamente, destacó la oposición liberal desde el exilio, con intentos de sublevación fracasados desde los Pirineos y Gibraltar. Otro problema fue la cuestión sucesoria. En 1824, Fernando VII se casó con María Cristina de Nápoles, que quedó embarazada a principios de 1830. Ante la posibilidad de que fuese niña, Fernando publicó la Pragmática Sanción, por la que se abolía la Ley Sálica, ya que, desde 1713, esta daba preferencia sucesoria al varón aunque este fuera heredero de segundo grado (es decir, hermano: Carlos María Isidro). En octubre nace Isabel, y Fernando nombra al conde de Alcudia (ultra) secretario de Estado. En 1832, el rey cayó enfermo, y Alcudia aprovechó para manipularle y derogar la Pragmática Sanción. Al recuperarse, Fernando destituyó al secretario, poniendo en su lugar a Cea Bermúdez, y estableció nuevamente la pragmática Sanción. En junio de 1833, Isabel II fue jurada reina y Carlos María Isidro huyó a Portugal. En septiembre, murió Fernando VII, dejando un país dividido en dos bandos: el isabelino o cristino, apoyado por reformistas y liberales; y el carlista, apoyado por los ultras.

            Independencia de América Latina: Con respecto al proceso de independencia de la América Española, diremos que fue complejo por estas razones: la presencia española, la insatisfacción económica y social, y los intereses de otros países (Inglaterra, Estados Unidos o Francia). La sociedad americana se estratificaba por riqueza y por raza (existen: peninsulares o recién llegados; criollos o nacidos en América; mestizos o mezcla de europeo e indio; mulatos; negros; zambos o mezcla de indio y negro; e indios).

            Las causas del conflicto fueron diversas. Primeramente, destacó la actuación de la metrópoli, caracterizada por: los intentos de Carlos III para fomentar una mayor centralización; la concesión de los puestos administrativos a peninsulares, marginándose a los criollos; y un monopolio comercial español insuficiente. En segundo lugar, sobresale la influencia ideológica del modelo norteamericano e inglés, que tuvo mayor impacto que los ideales de la Revolución francesa. También destacaron los intereses de otras potencias, como: Gran Bretaña (primero fue aliada de España desde 1808 a 1814 para conseguir libre comercio con América y evitar la influencia estadounidense, y luego apoyó a los insurgentes); Francia (apoyó a la monarquía fernandina desde 1815 a 1823, cuando dejó de prestar su ayuda a España por influencia de Gran Bretaña); y Estados Unidos (debido a la doctrina Monroe, no quería injerencias en América de las potencias europeas). En cuarto lugar, sobresalió la actuación de Fernando VII tras la Guerra de la Independencia Española, disolviendo la Constitución de 1812 y volviendo al absolutismo.

            El conflicto de desarrolló por zonas. En el río de la Plata, el General San Martín declaró la independencia de Argentina (1816) y la de Chile (1818). En Venezuela, Simón Bolívar logró la victoria de Boyacá (1819) y constituyó la República de la Gran Colombia, preparando Fernando VII un contraataque al mando de Riego, que terminó sublevándose e iniciando el Trienio Liberal, con lo que Bolívar se asentó tras Carabobo (1820). Perú fue un bastión realista que no se sometió hasta el ataque conjunto de San Martín, Bolívar y Sucre, el cual logró la victoria de Ayacucho (1824) y proclamó la independencia (1825). En México, tras las revueltas de los curas Hidalgo y Morelos, se propuso el manifiesto de Agustín de Iturbide y se llegó al acuerdo de Córdoba (1821), proclamándose la independencia y, luego, la República Federal (1824) bajo Santa Anna. En Brasil, Pedro I, hijo del rey Juan VI, fue proclamado emperador constitucional (1822), reconociendo Portugal la independencia del país en 1824.

            Las conclusiones que podemos extraer del proceso son: la fundamentación de la independencia en la actuación criolla y militar; la introducción de medidas liberales, pero sin cambio social alguno; la implantación de un liberalismo económico centrado en el comercio; y la fragmentación años después de las unidades políticas anteriormente constituidas.

11. LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL

11.1. El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo [incluyendo cuestión sucesoria]: carlismo y guerra civil. La cuestión foral.

            Introducción: Como introducción diremos que, en 1930, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción, por la que se abolía la Ley Sálica, permitiendo que fuera su supuesta hija, en vez de su hermano, Carlos María Isidro, la que heredara el trono. En octubre nació Isabel, y Fernando nombró al conde de Alcudia (miembro de los ultras o absolutistas contrarios a la realización de reformas) secretario de Estado. Este, en 1832, aprovechando la enfermedad del rey, lo embaucó a través de su esposa para que derogara la Pragmática Sanción. Así, al recuperarse, Fernando destituyó a Alcudia, colocando a Cea Bermúdez en su lugar, y abolió nuevamente la Ley Sálica. En junio de 1833, Isabel II fue jurada reina y Carlos María Isidro huyó a Portugal. En septiembre, murió Fernando VII, dejando un país dividido en dos bandos: el isabelino o cristino, apoyado por reformistas y liberales; y el carlista, apoyado por los ultras.

            Carlismo: En relación al carlismo, definiremos su composición social, su ideología y el modo en que se implantó territorialmente. La sociología carlista se compone de dirigentes (Iglesia, nobleza, ejército y Administración) y bases sociales. En la Iglesia destacaron dos grupos de apoyo: el alto clero, en el que pocos obispos manifestaron explícitamente su apoyo al carlismo; y el bajo clero, cuyo papel fue más importante en el conflicto, sobre todo el del clero regular, pues poseía un gran poder propagandístico entre los fieles. En cuanto a la nobleza, un centenar de títulos (de entre ellos, catorce Grandes de España) apoyaron a Carlos, siendo su apoyo más emocional que práctico, ya que la dirección del ejército carlista fue llevada a cabo por la pequeña nobleza rural. El ejército había sido purgado en 1832 por Cea Bermúdez, con lo que apoyó en su mayoría a Isabel II, existiendo un 13 % de generales que se unieron al carlismo. La Administración también había sido purgada en 1832, excepto en las Provincias Vascas y en Navarra, donde los funcionarios públicos apoyaron a Carlos. Respecto a las bases sociales del carlismo, decir que estas estaban formadas por campesinos y artesanos. Así, vemos que la composición carlista es diversa, no pudiendo decirse que la guerra carlista fuera una contienda por motivos sociales.

            En cuanto a la ideología carlista, destacar que las bases sociales se caracterizaron por: ser, por lo general, analfabetas; mantener una vinculación más afectiva que racional con el carlismo; y profesar unas ideas muy generales, como la defensa de la monarquía y la religión. De este modo, fueron muy influenciables por los dirigentes, que eran personas alfabetizadas con una ideología fundamentada en tres puntos: la defensa de los pilares del Antiguo Régimen (se defendía la religión como fundamento del absolutismo y la sociedad estamental), el antiliberalismo (se afirmaba que el liberalismo es nocivo y pernicioso) y la defensa de los fueros. Durante los primeros años, estuvieron más presentes los dos primeros puntos, ya que hasta 1833 se mantuvo una monarquía absolutista que no puso en peligro los fueros. Sin embargo, fue en 1834 y, sobre todo, en 1837, cuando se empezó a instaurar el sistema liberal, viéndose estos amenazados.

            Con respecto a la implantación territorial, podemos decir que hay carlistas en todos los lugares de España, siendo su proporción diferente en las distintas regiones. Primeramente se asentaron en las Provincias Vascas y en Navarra, exceptuando las cuatro capitales (San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona). A continuación, el carlismo triunfó en Cataluña y, finalmente, en el Maestrazgo y sus alrededores. El éxito en estos lugares se debió a que: eran zonas de mentalidad rural en las que se inició el proceso de industrialización del país, que fue rechazado por campesinos y artesanos; existía en ellos un modelo familiar de familia muy extensa, apoyado en una economía de subsistencia; eran regiones con un catolicismo muy arraigado, por lo que el párroco tenía una gran influencia en la sociedad; y, además, eran lugares con una larga tradición foralista.

            Primera Guerra Carlista: La Primera Guerra Carlista comenzó en 1833, momento en el cual se inició la preparación de los carlistas, finalizada en 1835. El principal artífice de dicha preparación fue el general Tomás de Zumalacárregui, el cual se dirigió con un ejército en 1835 a Bilbao, asediando la ciudad, conquistándola en 1837 y muriendo en el intento. A partir de 1837 se organizó una expedición a Cataluña que triunfó. Luego se realizó otra por la España occidental que fracasó. Paralelamente, un ejército dirigido por el propio Carlos María Isidro de Borbón fue por todo el país consiguiendo adeptos y logrando situarse, a finales de 1837, en las puertas de Madrid, donde pudo llegar a entrar de no haberse retirado al norte de España. A partir de este momento, la guerra fue perdiendo fuerza hasta que, en septiembre de 1839, se firmó el Convenio o Abrazo de Vergara, entre el general carlista Rafael Maroto y el general liberal Baldomero Espartero. En dicho Convenio, se trató de integrar de nuevo a los militares carlistas y Espartero se comprometió a la defensa de los fueros, lo que se hizo efectivo en una ley del 25 de octubre de 1839, según la cual los fueros se mantuvieron pero quedaron subordinados a la Constitución de 1837 e integrados en el ordenamiento jurídico español.

            En cuanto a la internacionalización del conflicto, decir que en 1834 el gobierno de María Cristina de Nápoles, madre de Isabel II, firmó una Cuádruple Alianza con Gran Bretaña, Francia y Portugal, recibiendo España ayuda económica y militar. Dicha ayuda se concretó en el control por parte de la Armada Británica de las costas españolas para evitar la llegada de armamento para los carlistas. Estos últimos fueron apoyados en menor medida por las potencias de la Santa Alianza: Austria, Prusia y Rusia.

            En 1840, el último reducto carlista, que estaba situado en Cataluña, desapareció, y los principales dirigentes carlistas marcharon al extranjero.

11.2. Isabel II (1833-1843): las Regencias.

            Regencia de María Cristina (1833-1840): En 1833 murió Fernando VII, continuando el gobierno absolutista de Francisco Cea Bermúdez durante ese año. Al no ser Isabel II mayor de edad, se abrió un periodo de Regencia a cargo de su madre María Cristina de Nápoles. Esta, en enero de 1834 sustituyó a Cea Bermúdez por un liberal moderado: Francisco Martínez de la Rosa. La obra principal de este nuevo gobierno fue la elaboración del Estatuto Real en abril de 1834. Dicho estatuto era una ley fundamental que funcionaba como una constitución, pero que, al no haber sido aprobada por Cortes constituyentes, se convertía en una carta otorgada. La organización de los poderes y de las instituciones formulada en el Estatuto Real se caracterizó por: la compatibilidad entre el cargo de diputado y ministro, lo que originó un sistema de monarquía constitucional con gobierno parlamentario; el hecho de que a las Cortes le quedaba reservado el derecho a aprobar todo lo relacionado con la Hacienda del Estado; el establecimiento de la presidencia del Consejo de Ministros; la defensa de que las Cortes tuvieran iniciativa legal; la constitución de Cortes bicamerales y la justificación del Senado como árbitro entre el rey y el Congreso; y el establecimiento de un sufragio censitario, pudiendo votar aquellos con un nivel económico elevado, con lo que se fomentó que sólo votaran aquellos con educación. La otra gran obra del gobierno de Martínez de la Rosa fue la firma de la Cuádruple Alianza (1834) con Inglaterra, Francia y Portugal. Gracias a dicha alianza, el bando isabelino recibió ayuda económica y militar durante la Primera Guerra Carlista, que se concretó en el control por parte de la Armada Británica de las costas españolas para evitar la llegada de armamento para los carlistas.

            Sin embargo, a partir de 1835 hubo una ruptura entre los liberales debido a la aparición de liberales radicales, que defendían una postura más progresista en respuesta a la radicalización de los carlistas tras la desamortización de Mendizábal (1836). Esta división en el liberalismo fue la causa del golpe de Estado en La Granja de San Ildefonso (1836), que fue conocido como “La Sargentada”. Este tuvo éxito, con lo que se obligó a la regente a suprimir el Estatuto Real de 1834, a restablecer la Constitución de 1812 y a colocar a un progresista, José María Calatrava, al frente del gobierno. Así, de acuerdo con el sufragio universal masculino establecido en la Constitución de 1812, se convocaron elecciones para elegir a los miembros de las Cortes, obteniéndose como resultado una escasa representación de la nobleza y la Iglesia y una representación mayoritaria de la burguesía, resultando unas Cortes formadas por gente preparada para ejercer su cargo. Estas fueron las que elaboraron la Constitución 1837, que se caracterizó por: la doble responsabilidad del gobierno, tanto política como jurídica, ante las Cortes; la necesidad por parte del gobierno del apoyo de la monarquía y de las Cortes; el establecimiento de Cortes bicamerales; y la regulación del sufragio de acuerdo a la ley posterior de 1837, que establecía el sufragio censitario. De acuerdo con esto último, podía votar un 0’1 % de la población, ampliándose esa cantidad a un 0’5 % en 1836. Así, como podemos ver, en la ley electoral de 1837 se siguió manteniendo el criterio económico para establecer el sufragio, si bien se disminuyeron las condiciones, llegando a votar un 2’2 % y, en 1844, un 5’2 % de la población.

            Posteriormente, pero también en 1837, se dieron medidas que afectaron a la tierra, como fueron la desamortización de Juan Álvarez Mendizábal, la abolición del régimen señorial, el restablecimiento de las libertades económicas y la supresión de los privilegios de los gremios. Después, en 1838, se dio una legislación para regular la educación, que fue encargada por el marqués de Someruelos y consiguió establecer un reglamento para la educación primaria, fracasando en la secundaria. En 1840, las Cortes, de mayoría moderada, decidieron aprobar una ley de ayuntamientos que no gustó a los progresistas, dando estos un golpe de Estado y organizándose en Juntas, dirigidas por Baldomero Espartero. El pronunciamiento tuvo éxito, con lo que María Cristina fue privada de su cargo, colocándose como regente al propio Espartero. Comenzó así la regencia del general, que duró de 1840 a 1843.

            Regencia de Espartero (1840-1843): Como hemos visto, Espartero subió al poder con el apoyo de los progresistas, de militares y de la Milicia Nacional. Este había demostrado ser un gran general, pero, como político, podemos decir que tenía un pensamiento muy simplista. Sus ideas pueden resumirse en la defensa de la monarquía de Isabel II, de la Constitución de 1837 y de la voluntad nacional. Por otra parte, cometió una serie de errores que le llevaron a perder apoyos. El primero de estos errores fue su negativa, en 1841, a la propuesta progresista de que la Regencia estuviera formada por tres personas, perdiendo así el apoyo de parte de los progresistas. El segundo fue el de situar a amigos y compañeros de armas en puestos de importancia, siendo acusado de nepotismo. Además, en 1841, tuvo lugar un pronunciamiento de militares moderados, dirigido por los generales Ramón María Narváez, Manuel Gutiérrez de la Concha y Diego de León. Este último fue apresado y ejecutado, lo cual hizo que Espartero perdiera el apoyo militar, pues en estos círculos no se entendió que un militar ejecutara a otro militar de igual rango. Además, recortó los privilegios forales vascos por la colaboración de dichas provincias en la intentona. Finalmente, el cuarto error fue consecuencia de la firma de un acuerdo comercial con Gran Bretaña, lo cual perjudicaba a la industria textil catalana, dándose, a finales de 1842, una insurrección en Barcelona. La Milicia tomó la ciudad y se enfrentó a las tropas del general Juan van Halen, ordenando finalmente el propio Espartero el inicio del bombardeo sobre la urbe, que se rindió tras 1.000 disparos de cañón y 400 edificios derrumbados. La dura represión que siguió a estos acontecimientos empujó a todos los sectores sociales de Cataluña a oponerse al regente.

                En 1843, tras unas nuevas elecciones que dejaron a Espartero sin apoyos, se formó una auténtica coalición anti-esparterista. El general encargó formar Gobierno al progresista Joaquín María López, pero su programa causó el rechazo de Espartero y decidió dimitir. La insurrección se generalizó en el verano de 1843, cuando los progresistas se sublevaron ante la tiranía del general y triunfaron gracias al apoyo de los moderados. El ejército dirigido por Narváez se pasó a los insurrectos y el 12 de agosto Espartero partía al exilio en Londres. Ante la falta de alternativas, los diputados y senadores decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II, la cual comenzó a reinar de forma efectiva en noviembre de 1843, cuando todavía no había cumplido los 13 años de edad. Los moderados, regresados del exilio, tomaron posiciones en la Corte, y Narváez se convirtió en el hombre fuerte del momento.

11.3. Isabel II (1843-1874): el reinado efectivo.

            Introducción: En 1843, le fue adelantada la mayoría de edad a Isabel II. Esta fue una reina que no estaba preparada para gobernar en un Estado liberal, pues había sido criada en el absolutista, y que no cumplió con su papel de referente moral. Durante los primeros meses de su reinado hubo gobiernos breves, y, en 1844, el general Narváez subió al poder.

            Retos y problemas: Los retos a los que se enfrentó Isabel II al iniciar su mandato de cara a modernizar el país fueron: el establecimiento de un sistema económico común; la supresión de los privilegios; la modificación de la jurisprudencia mediante la elaboración de códigos comunes; la construcción de una administración central, provincial y local; el establecimiento de un sistema educativo común; y la modernización de los medios de comunicación del país. Ante esto, se presentaron una serie de problemas: la deuda de la Hacienda del Estado; el deficiente desarrollo económico e industrial; los altos índices de analfabetismo; la oposición de los antiguos estamentos privilegiados; la tradición federalista; la tendencia militar a entrometerse en la vida política; y la debilidad de la burguesía española.

            Partidos políticos: En este momento, los partidos políticos se caracterizaron por ser partidos de notables que funcionaban mediante redes clientelares (una base de poderosos fomentaba el apoyo popular a unos líderes a cambio de favores) y que estaban divididos en facciones. Así, el partido moderado presentó tres facciones: la conservadora autoritaria (destacaron Jaime Balmes y Bravo Murillo, que defendieron: la soberanía real, la restricción de las libertades y la existencia de Cortes bicamerales); la moderada centralista (destacaron el general Narváez, Donoso Cortés, Martínez de la Rosa y Pedro José Pidal, que defendieron: la reforma de la Constitución, la organización de los ayuntamientos y de la Hacienda, la existencia de un gobierno fuerte y la reconciliación con la Iglesia); y la izquierdista puritana (destacaron Serrano, Cánovas del Castillo, O’Donnell y Francisco Pacheco, que defendieron: la pureza administrativa, el respeto a las leyes vigentes y el orden dentro de una política liberal). Las bases sociales de este partido fueron la nobleza, los militares de prestigio, la alta burguesía, los profesionales liberales y los funcionarios. Por otra parte, en el partido progresista destacaron otras tres facciones: los progresistas legales (facción de derecha en la que destacaron Manuel Cortina, José Manuel Collado y Prim, que defendieron: una política de reformas dentro de la legalidad, la supresión de la Milicia Nacional y la negación del sufragio universal y de una coalición con los moderados); los progresistas puros (facción de centro en la que sobresalieron Madoz, Sagasta y Espartero, que defendieron una política de grandes reformas); y la facción de izquierda (destacaron Orense, Rivero y Becerra, y defendieron: el sufragio universal masculino y la libertad de asociación).

            Década moderada (1844-1854): El primer periodo del reinado de Isabel II se denomina década moderada (1844-1854), y en él destaca la redacción de la Constitución de 1845, en la cual: se impuso una soberanía compartida entre la corona y las Cortes; se estableció la confesionalidad católica; se restringieron las libertades; y se estableció la siguiente organización de poderes: ejecutivo (el titular es el rey que delega en el presidente del gobierno), legislativo (la iniciativa legal estaba compartida entre el rey, que tenía capacidad de veto absoluto de una ley, y las Cortes, que eran bicamerales: el Senado lo elegía el rey y el Congreso estaba formado por 350 diputados elegidos mediante sufragio censitario, siguiéndose el modelo de la ley electoral de 1846) y judicial (dependía del rey). En definitiva, diremos que la Constitución de 1845 no fue fruto del consenso y, en ella, se establecieron los ideales moderados, con los que Isabel II se sentía más cómoda. Además de la mencionada Constitución, se llevaron a cabo diversas reformas: se publicó una ley electoral y una ley de administración (1846); se llevó a cabo una reforma fiscal (1845); se publicó un reglamento para la educación secundaria (1845) y una ley general de educación conocida como Ley Moyano (1857); se logró aumentar la burocracia, pero no se sacó adelante el proyecto de Bravo Murillo de 1852 para independizar a los funcionarios de la política; se intentó una codificación del derecho penal y civil; se fundó la Guardia Civil, que sustituyó a la Milicia Nacional; se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851) para reconciliarse con la Iglesia; y se publicó la primera normativa para la construcción del ferrocarril.

            En 1846, los carlistas iniciaron la Segunda Guerra Carlista. Ante esto, en 1847, Narváez pidió una ley que le concediera poderes excepcionales, la cual fue aprobada en 1848 y permitió que el gobierno mantuviera el poder cuando se produjo la revolución del 1848, cuya rápida extinción tuvo estas consecuencias: la separación en el partido progresista del ala izquierda, la cual formó el partido demócrata, que presentó dos tendencias (demócratas puros y republicanos); y el prestigio internacional que obtuvo Narváez, el cual fomentó el apoyo de las potencias absolutistas. Posteriormente, se dio la revolución de 1854, causada por: la corrupción de la Administración, el descontento de los progresistas, y una crisis económica. Esto causó que los generales Dulce y O’ Donnell se sublevaran en junio de 1854, destacando la batalla de Vicálvaro, tras la cual se puso de manifiesto la incapacidad del gobierno de Luis José Sartorius y la necesidad de apoyos por parte de los rebeldes. Con esto, para conseguir la unión de progresistas y demócratas, Cánovas elaboró un manifiesto después del cual se dio la fase progresista de la revolución, en la que se forman juntas revolucionarias. El triunfo de esta etapa dio lugar a la tercera o revolución de los demócratas, localizada en Madrid y en la que se produce un enfrentamiento entre las juntas y las tropas gubernamentales, siendo Sartorius destituido e iniciándose el bienio progresista (1854-1856).

            Bienio progresista (1854-1856): Uno de los triunfadores de la revolución del 54 fue O’Donnell, que formó la Unión Liberal, partido formado por el ala izquierda moderada y la derecha progresista. Al mismo tiempo, desde el gobierno progresista, Espartero intentó hacer una reforma de la Constitución, dando lugar a la Constitución de 1856 o non nata, que no llegó a entrar en vigor. En ella se establece: la soberanía nacional; una defensa férrea de las libertades; una jurisprudencia común para todo el territorio; el acceso meritorio al funcionariado; la confesionalidad católica; el restablecimiento de la Milicia Nacional; y una separación de poderes en ejecutivo (el titular es el rey, pero debe pedir permiso a las Cortes para pedir amnistías, enajenar los bienes de la corona y contraer matrimonio), legislativo (las Cortes son bicamerales y deben estar formadas por personas de alto nivel económico y formación académica) y judicial (pasa a ser independiente). Además, para modernizar el país, se establecieron estas leyes (no logrando sacarse adelante otras de sociedades obreras, instrucción pública, enseñanza primaria obligatoria y universal, y salud pública): Ley de desamortización de Madoz (mayo de 1855), Ley general de ferrocarriles (junio de 1855), Ley de colonias agrarias (noviembre de 1855), y Ley de sociedades crediticias y de sociedades bancarias (enero de 1856).

            Periodos de 1856-1863 y de 1863-1868: Tras el gobierno progresista, el primero en gobernar fue O’Donnell, que intentó reformar la Constitución del 56, publicando un Acata Adicional. Fue sustituido por el moderado Narváez, que publicó la Ley constitucional de 1857, en la que se reforma el Congreso (para someterlo al gobierno) y el Senado, diferenciándose tres tipos de senadores: vitalicios, por derecho propio (pertenecientes a antiguos estamentos privilegiados) y hereditarios (grandes de España con renta mínima de 200.000 reales). La primera reforma no se aplicó y la segunda sí. Otras leyes aprobadas fueron la Ley de prensa de 1857 y la Ley general de instrucción pública de 1857 o Ley Moyano. Además, se creó la Comisión Estadística (1857). Así, podemos decir que el periodo de 1856 a 1863 fue de estabilidad social y crecimiento económico, intentando España en él aumentar su prestigio con la declaración de guerra a Marruecos y las expediciones militares a México y a la Conchinchina. Por el contrario, el periodo de 1863 a 1868 fue un periodo de crisis en el que se alternaron el moderado Narváez y el unionista O’Donnell en el gobierno. La crisis tuvo una triple dimensión: política (la corona queda desacreditada ante progresistas y demócratas por no ser llamados a gobernar), económica (se produce la quiebra de compañías ferroviarias y se da una crisis agraria) y social (el alza de los precios provoca protestas urbanas de las clases populares, que absorben ideas demócratas y del movimiento obrero). Esta situación se va deteriorando hasta producirse el pronunciamiento de Prim, el cual fue exiliado, teniendo lugar en 1866 la firma del pacto de Ostende entre progresistas y demócratas. En 1867, O’Donnell murió y fue sustituido por el unionista Serrano, el cual se unió a lo acordado en Ostende, que pasaba por derrocar a Isabel II manteniendo la monarquía. Así, en 1868 un grupo de generales desembarcó en Cádiz y comenzó un pronunciamiento militar que desembocó en la Revolución Gloriosa de 1868, en la que se destronó a la reina.