HISTORIA DE ESPAÑA. BLOQUE II. PARTE II

11.4. El Sexenio democrático (1868-1874): Intentos democratizadores. La revolución, el reinado de Amadeo I y la Primera República.

            Introducción: En la última etapa de la monarquía de Isabel II (1863-1868), se produjo una situación de crisis que tuvo una triple dimensión: política (la corona queda desacreditada ante progresistas y demócratas por no ser llamados a gobernar), económica (se produce la quiebra de compañías ferroviarias y se da una crisis agraria) y social (el alza de los precios provoca protestas urbanas de las clases populares, que absorben ideas demócratas y del movimiento obrero). Esta situación se va deteriorando hasta producirse el pronunciamiento del general Juan Prim, el cual fue exiliado, teniendo lugar en 1866 la firma del pacto de Ostende entre progresistas y demócratas. En 1867, Leopoldo O’Donnell, presidente del gobierno en ese momento, murió y fue sustituido por el unionista Serrano, el cual se unió a lo acordado en Ostende, que pasaba por derrocar a Isabel II manteniendo la monarquía. Así, en 1868 un grupo de generales desembarcó en Cádiz y comenzó un pronunciamiento militar que desembocó en la Revolución Gloriosa de 1868, en la que se destronó a la reina y se inició el llamado Sexenio revolucionario (Jover propuso nombrarlo sexenio democrático debido a su apoyo al sufragio directo), que, gracias al triunfo de la revolución, se extendió hasta 1874.

            Fase inicial: Durante la fase inicial del Sexenio (septiembre de 1868 – junio de 1869) se aprueba la Constitución de 1869 y se produce el triunfo de la revolución, instaurándose un gobierno provisional con coalición de progresistas y miembros de la Unión Liberal. Además se produce lo siguiente: se respeta la monarquía, aunque en el partido demócrata hubiese mayoría republicana (por lo que se dividirá posteriormente); se aprueba la incorporación de la peseta, la Ley de Minas y ciertas reformas educativas, rompiéndose el Pacto de Ostente; se convocan Cortes constituyentes con sufragio universal, siendo Castelar y Cánovas sus grandes oradores y sancionándose en 1869 una constitución moderada.

            Serrano y Amadeo I: En la segunda fase (junio de 1869 – febrero de 1873) destaca la regencia inicial del general Francisco Serrano, siendo España un sistema monárquico. En este periodo se precisaba un rey que supliese el vacío de poder, pues era un momento en el que confluían graves problemas internacionales, como la unificación italiana (en la que destacaron Víctor Manuel II, Giuseppe Garibaldi y el conde de Cavour) o la guerra franco-prusiana. En 1870, se concede el trono a Amadeo I de Saboya, que no contó con el apoyo eclesiástico debido a que procedía de una casa que había expulsado al pontífice de su poder temporal. Además, el asesinato del general Juan Prim (que había defendido la entronización de la casa Saboya) hizo que Amadeo perdiera a su principal valedor. A raíz de este asesinato, el partido político de Prim se fragmentó: por un lado, Práxedes Mateo Sagasta y los constitucionales y, por otro, Manuel Ruiz Zorrilla y los radicales mayoritarios. Así, después de tres años de reinado (1870-1873), renunció al trono, dejando un importante legado político, como leyes reflexivas, de sufragio general descentralizado…

            Primera República Española: Tras esta renuncia, fue aprobada la Primera República (1873-1874), que nació en un contexto histórico delicado y tuvo que enfrentarse a diversos problemas heredados, como la guerra de Cuba, la crisis económica o la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). Además, será durante este periodo cuando surja el cantonalismo (movimiento partidario de un federalismo de carácter radical). Así, la Primera República Española nació con ausencia de apoyo y de forma anticonstitucional (sólo había un 40 % de senadores presentes en su constitución), siendo reconocida únicamente por Suiza y Estados Unidos a nivel internacional.

            Su primer presidente fue Estanislao Figueras, el cual se distanció de los militares, convocando Cortes constituyentes que proclamaron la República Federal y aprobaron un proyecto de Constitución. Le sucedió Francisco Pi y Margall (más proclive al federalismo), durante cuyo mandato estalló la guerra cantonal, llevada a cabo por los republicanos que buscaban imponer el federalismo. Este conflicto dañó la imagen de la república en el extranjero.

            El tercer presidente fue Nicolás Salmerón, que reprimió militarmente la amenaza cantonal. Posteriormente, sobresalió Emilio Castelar, partidario de una república conservadora instituida por la fuerza, sin importar los medios. Este fue reconocido internacional y socialmente, siendo, no obstante, derrotado por los parlamentarios en Cortes. Finalmente, fue el golpe de Estado del general Manuel Pavía lo que marcó el final de la república. Así, en 1874, el militar Pavía actuó en nombre del ejército para defender la unidad de la patria, erigiéndose como árbitro de las formas políticas.

            República Ducal y pronunciamiento de Martínez Campos: La cuarta fase del sexenio fue la República Ducal (1874), ejercida por el duque de la Torre (el general Serrano) y siendo un gobierno provisional. La quinta fase se inició con un pronunciamiento militar llevado a cabo por Arsenio Martínez Campos, con el que se restauró la monarquía en la figura de Alfonso XII, siendo Antonio Cánovas del Castillo el líder de dicha Restauración.

            Conclusión: Distintos personajes declararán acerca del fracaso del sistema del sexenio democrático. En primer lugar, Giner de los Ríos alegó que la Revolución no cumplió las expectativas, llevando a cabo un juicio muy negativo de la acción política de 1869, ya que esperaba una constitución republicana en lugar de una monárquica. Pío Baroja criticó la república y Azaña arremetió contra el clientelismo, defendiendo que la democracia sólo se podía sustentar con: una economía sanada y moderna, una adecuada política democrática y una generalización de la educación. Este último también criticó la falta de tradición política en España, dado que vivía en una sociedad polarizada, tradicional y rural que no había conocido la revolución industrial.

            Sin embargo, a pesar de que la Primera República no alcanzó sus objetivos, dejó un importante legado para los derechos de todos los españoles, propuso la alternativa del federalismo e incorporó las Antillas al gobierno español.

11.5. Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la Constitución de 1876.

            Contexto europeo: El contexto europeo de en torno a los años 80 del siglo XIX se caracterizó por: la estabilidad política, quedando atrás los tiempos de los pronunciamientos militares y los constantes cambios de sistema político y constitución; la tendencia hacia la democratización de los países, observándose un intento de imitar el modelo inglés; y la primacía del interés nacional sobre la ideología propia, lo cual se ve en materia económica, donde los mismos liberales van a llevar a cabo políticas proteccionistas.

            Situación social de España: En España, en 1873 quedó constatado el fracaso de la República con la revuelta cantonal. Así, en 1874, el general Pavía dio un golpe de Estado y estableció un gobierno provisional que funcionó como régimen de transición. En esta situación, la sociedad se muestra partidaria de una restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII, destacando el interés de los siguientes grupos: la nobleza, que continúa siendo contrarrevolucionaria y desea un sistema de orden que la república no había conseguido; el ejército, el cual considera que debe haber un régimen de orden capaz de asegurar los intereses españoles en el exterior, que ahora son la conservación de las Antillas; la Iglesia, la cual quería un régimen a favor de las buenas relaciones comenzadas en el Concordato de 1851 y debilitadas con la República; la burguesía, que desea un régimen capaz de garantizar sus derechos; y las clases populares, que, tras la decepción que supuso el modelo republicano en el que las promesas se vieron frustradas y se reprimió duramente la revuelta cantonal, vieron con buenos ojos el cambio de sistema. De este modo, diremos que la restauración de la monarquía tuvo tres apoyos: el partido Alfonsino (liderado por Antonio Cánovas del Castillo, el cual se dio cuenta de que, para que la Restauración tuviera éxito, era necesario instaurar un sistema nuevo), el ejército (el cual consideró que la Restauración de la monarquía fomentaría la defensa de la integridad nacional, el prestigio de España y la defensa de los intereses coloniales del país) y los grupos financieros (la Restauración recibió el apoyo financiero de la burguesía valenciana y barcelonesa y de aquellos con intereses económicos en las Antillas).

            Cánovas quería que el proceso de Restauración se hiciera mediante medios civiles, es decir, sin intervención militar, ya que estimaba necesario el fin de la presencia militar en la política. Sin embargo, el 29 de diciembre de 1874 el general Arsenio Martínez Campos dio un golpe de Estado en las afueras de Sagunto y proclamó rey a Alfonso XII. Automáticamente, el pronunciamiento fue apoyado por los ejércitos del norte y del centro y por las guarniciones militares de Madrid y todas las provincias. A continuación, se nombró como presidente a Cánovas del castillo, el cual se convirtió en representante oficial de Alfonso XII. El 9 de enero de ese mismo año desembarcó el rey en Barcelona y confirmó el gobierno de Cánovas. Desde este momento hasta la elaboración de la Constitución de 1876, Cánovas actuó en tres direcciones: trató de crear una élite que sirviese de apoyo a la monarquía de Alfonso XII, adjudicándose cargos clave a generales alfonsinos, aproximándose a la jerarquía eclesiástica y colocando a personas leales al rey en la Administración; intentó que liberales y republicanos formaran un partido de oposición que se alternara en el gobierno con su partido; y llevó a cabo una vinculación del ejército al poder civil, nombrando al rey jefe supremo del mismo. Hecho todo esto, Cánovas preparó una asamblea de antiguos senadores y diputados monárquicos, convocando elecciones mediante la Ley electoral de 1870, en la que se proponía el sufragio universal masculino (término que resulta improcedente en estas elecciones, pues estuvieron falseadas para que predominaran los monárquicos y funcionara el sistema canovista).

            Constitución de 1876: De marzo a mayo de 1876 se discutió el texto constitucional que había redactado Cánovas y que, tras ser aprobado y sancionado, fue publicado en la Gaceta de Madrid el 2 de julio de 1876. Dicha Constitución contemplaba una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, incluía una declaración de derechos individuales (cuya regulación se deja a leyes posteriores) y conservaba los mecanismos legislativos de la Constitución del 45: se proclama la inviolabilidad del monarca; se establece una iniciativa legislativa compartida entre el rey y las Cortes; y se propone una división de poderes en legislativo (las Cortes eran bicamerales, podían ser disueltas por el rey, en el Senado existían senadores vitalicios, por derecho propio y electos, y el Congreso era elegido mediante una Ley electoral que proponía en principio el sufragio censitario pero posibilitaba un posterior sufragio universal), ejecutivo (el titular era el rey, que designaba un presidente del gobierno y aprobaba el equipo de ministros que este elegía, siendo además jefe de las Fuerzas Armadas y quedando como irrelevante la función del cuerpo electoral) y judicial (dependía del rey). Así, tenemos un sistema caciquil en el que una élite de Madrid da favores a las élites de las provincias a cambio de que estas fomentasen un resultado en las elecciones acorde con los deseos de los primeros. Al principio, esto fue fácil de hacer con el sistema de sufragio censitario. El problema llegó cuando, años más tarde, durante la Regencia de María Cristina de Habsburgo, se dio una Ley electoral que establecía el sufragio universal masculino. Esto hizo que el control fuera posible en las regiones pequeñas pero no en las grandes ciudades, optándose por el llamado pucherazo (alteración directa de los votos de las urnas) ante la necesidad de que el sistema siguiera funcionando. Sin embargo, cuando las ciudades toman demasiado poder se hace imposible el engaño.

            Partidos políticos: En relación a los partidos políticos de la Restauración, diremos que se caracterizaron por: fueron partidos parlamentarios y están formados por las élites del momento, compuestas por la aristocracia tradicional y la burguesía; presentaban una ideología cristiana y tradicional; defendieron el orden social establecido, sin ascenso de las clases obreras; se guiaron por intereses económicos y sociales; y sus miembros se relacionaron a través de matrimonios y prácticas sociales comunes. En primer lugar destacó el partido conservador, que supuso la continuación del partido Alfonsino, estuvo dirigido por Cánovas y lo formaron aquellos que se habían opuesto a la República. No obstante, Cánovas se percató de que para mantener el sistema de la Restauración era necesario otro partido con el que pudiera alternarse el suyo en el poder. Así, entabló negociaciones con Sagasta para que formara una agrupación con los liberales republicanos, dentro de los cuales se observaron dos tendencias cuando los conservadores ganaron en 1876: tendencia constitucional (partidaria de la Constitución del 45) y tendencia centralista (partidaria de la Constitución del 76). En 1880, estas dos tendencias se unieron y formaron el partido liberal fusionista, que tuvo como objetivo democratizar el sistema. Esta agrupación estuvo formada por antiguos progresistas, republicanos, demócratas y miembros de la Unión Liberal.

            Práctica política: A lo largo del reinado de Alfonso XII, estos dos partidos antes vistos se alternaron en el poder. Primero gobernaron los conservadores de 1875 a 1881. En 1881, nada más formarse el partido liberal fusionista, este formó un gobierno que duró hasta 1884. En dicho mandato, se llevaron a cabo diversas reformas: se establece una mayor libertad de prensa y de cátedra, se legaliza la propaganda republicana, y se produce un giro librecambista en la economía, quitándose aranceles y firmándose un tratado comercial con Francia. En 1883, el ala izquierda del partido logró imponerse y mostró una especial preocupación por la situación de las clases trabajadoras, creando una Comisión de Reformas Sociales. En 1884, el partido conservador fue llamado nuevamente a gobernar, incorporándose a sus filas Alejandro Pidal y Mon, líder de la unión católica que consiguió un mayor apoyo eclesiástico al partido conservador. En noviembre de 1885, falleció Alfonso XII y ocupó la Regencia María Cristina. Durante este periodo, existió una inquietud política sobre la continuidad del sistema, manteniéndose finalmente este en funcionamiento gracias al Pacto de El Pardo y a que en 1886 nació Alfonso XIII, lo que contribuyó a la distensión del ambiente político.

11.6. La Regencia de María Cristina de Habsburgo y el turno de partidos. La oposición al sistema. Regionalismo y nacionalismo.

            Introducción: En noviembre de 1885 fallecía Alfonso XII, estableciéndose una Regencia de su mujer María Cristina de Habsburgo. Alfonso XII dejaba dos hijas y una regencia problemática, que los carlistas y republicanos aprovecharon para impulsar sus reclamaciones. En estas circunstancias, las instituciones funcionaron adecuadamente, gracias al llamado Pacto de El Pardo (noviembre de 1885): un acuerdo entre Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta. Ambos se comprometieron a respetar rigurosamente el turno de partidos y a conservar las medidas legislativas aprobadas por los respectivos gobiernos. Así, Sagasta volvió a hacerse cargo del Gobierno, contando con el respaldo colectivo de los obispos asistentes a los funerales del rey. Al año siguiente, el nacimiento de un heredero al trono varón contribuyó a la distensión del clima político.

            Gobierno de Sagasta: Con respeto a la labor liberal de Sagasta, diremos que este consiguió restaurar la alianza en las filas de izquierdas, a cambio de la aceptación del principio de soberanía compartida descrito en la Constitución de 1876. Se mantenían, no obstante, las demandas, respecto a esa constitución, de derechos individuales, la exigencia de la implantación del sufragio universal y el interés por dejar abierta una posibilidad para una reforma constitucional. Así, en la práctica, este suceso suponía que los principios canovistas habían sido aceptados pos los revolucionarios de 1868.

            Las Cortes surgidas en las elecciones de 1886 aprobaron una legislación representativa del ideario liberal, destacando la entrada en vigor de: la Ley de Asociaciones (1887), las leyes de los contencioso administrativo (1888), y la ley de sufragio universal (1890).

            Los problemas a los que tuvo que hacer frente Sagasta fueron los de mantener la unidad del partido, ya que la convivencia era bastante complicada entre algunos dirigentes liberales. Finalmente, las acusaciones de corrupción, que afectaban a diversos ámbitos de la gestión pública, impregnaron la culminación del programa político de Sagasta, siendo los conservadores llamados al poder en 1891.

            Gobierno conservador y posteriores gobiernos: Los conservadores rechazaron la revisión de las reformas liberales, porque entendían que algunas de ellas iban más allá de lo que demandaba la sociedad del momento. El primero de los problemas que estos tuvieron a causa de dichas reformas vino en las elecciones de 1891. Debido a la aplicación del sufragio universal se multiplicó el número de votantes, lo que dificultó la labor de encasillado del Ministerio de Gobernación para asegurar el triunfo electoral de los conservadores y de algunos candidatos distinguidos. Fue necesario acudir al caciquismo, que consistía en contar con la ayuda de personajes influyentes en el ámbito local (caciques), a cambio de variados favores, con el objetivo de que en las localidades el resultado de las elecciones se ajustara a lo deseado en Madrid.

            En el plano económico, la crisis llevó a aplicar políticas proteccionistas sobre los productos nacionales, suponiendo este hecho un cambio muy importante, ya que tanto los conservadores como, más tarde, los liberales (en sus respectivos gobiernos de 1892-1895 y 1897-1902) antepusieron los intereses nacionales a cuestiones ideológicas como el libre comercio.

            En 1902, al llegar a la mayoría de edad, Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, fue proclamado rey de España, dando este hecho lugar al fin de la Regencia de María Cristina de Habsburgo.

            Oposición al sistema: El sistema establecido de alternancia de partidos durante este periodo contó con diversos opositores. Esta fue una oposición heterogénea y dividida, por lo que no supuso un problema grave. En primer lugar, destacaron los carlistas. Estos, tras su derrota en 1876, se dividieron en dos grupos: aquellos que rechazaban el régimen y no colaboraban con él, y aquellos que creyeron más conveniente formar un partido político y luchar dentro de la legalidad. El primer grupo, conocido como corriente integrista y liderado por Ramón Nocedal, se enfrentó al pretendiente carlista (1888), siendo expulsado del partido. Así, se caracterizó por ser profundamente intransigente con el liberalismo.

            En segundo lugar, sobresalen los republicanos, que también estuvieron divididos tras la experiencia del Sexenio democrático. Emilio Castelar lideraba el grupo de los posibilistas, que colaboraron con el partido de Sagasta dentro del régimen. El grupo encabezado por Manuel Ruiz Zorrilla, en 1886, organizó un pronunciamiento militar que fracasó. Sin embargo, en este grupo, no sólo la estrategia a seguir era motivo de división, sino que el modelo de organización del Estado también lo era: Nicolás Salmerón era partidario de una república unitaria, mientras que la facción de Francisco Pi y Margall aspiraba a una república federal. Ambos grupos tuvieron una gran influencia entre las clases medias y los trabajadores de las ciudades, por lo que cuando se unían lograban mayorías electorales, como sucedió en Madrid, Barcelona y Valencia en 1893.

            Paralelamente al desarrollo más o menos normal del sistema, surgió una fuerza centrípeta a este: el nacionalismo y el regionalismo. El surgimiento de los nacionalismos periféricos partía de la conciencia de las diferentes culturas que existían en España. Cada uno de estos movimientos operó sobre realidades sociales y económicas particulares, por lo que tuvo un desarrollo diferente según el lugar. El nacionalismo surgió primeramente en Cataluña, donde se formó la Unió Catalanista (1891) que redactó las Bases de Manresa, primer documento reivindicador del catalanismo. En el País Vasco, el nacionalismo llegó de la mano del Partido Nacionalista Vasco (1895), fundado por Sabino Arana, un auténtico integrista católico que basó su propuesta independentista en la raza y la religión frente a los males del liberalismo. En Galicia, estos planteamientos encontraron eco en el regionalismo liberal de Manuel Murguía o en el regionalismo tradicionalista de Alfredo Brañas. En Valencia, la “Renaixença” tuvo un carácter más popular que político.

11.7. Guerra colonial y crisis de 1898.

            Introducción: Tras la independencia de la mayor parte del Imperio Español de ultramar a principios del siglo XIX, sólo Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas continuaron formando parte del mismo.

            Cuba: Cuba era muy rica y España no podía mantener la exclusividad económica en la isla, introduciéndose capitales extranjeros. En 1895, se produjo una insurrección nacionalista en este lugar que, finalmente, provocó el inicio de una guerra. España envió un ejército muy numeroso (250.000 hombres), no pudiendo los independentistas hacerle frente, lo que originó una guerra irregular. Cánovas creía en la victoria, pero no tuvo en cuenta a Estados Unidos. Percatándose de la imposibilidad de una guerra limpia, decidió sustituir a Martínez Campos por Valeriano Weyler, quien inició una lucha cruel. Weyler, para evitar que los aldeanos prestaran apoyo a las guerrillas, los concentró en ciudades, provocando situaciones de hambruna. Ante esto, Estados Unidos dejó claro a España que no permitiría una guerra sin límites, ofreciendo mediación. Cánovas rechazó esta oferta y, en 1896, trató de buscar el apoyo de las potencias europeas a cambio de concesiones de diverso tipo. Tras fracasar en este intento, propuso nuevamente a Europa firmar una nota colectiva, exhortando formalmente a Estados Unidos para que no diera facilidades a los insurrectos. También fracasa, produciéndose, tras las elecciones norteamericanas de 1897, un cambio en la presidencia: Cleveland (demócrata) es sustituido por Makinley (republicano). Cánovas muere asesinado en agosto de 1897 y el nuevo presidente estadounidense viaja a San Sebastián para ofrecer de nuevo mediación y para proponer la compra de la isla por una importante suma. Dicha compra es rechazada.

            En octubre de 1897, Sagasta, convencido por la Regente María Cristina, se hace cargo de la situación. El nuevo gobierno propone tres novedades: retirar a Weyler de su puesto, conceder autonomía a Cuba y apaciguar a Estados Unidos. Este mantiene también dos elementos de continuidad respecto a Cánovas: el rechazo a la mediación estadounidense y la búsqueda por medio de la diplomacia de la colaboración de las potencias europeas. La diplomacia liberal tuvo, principalmente, dos cabezas: Segismundo Moret (que trató de convencer a los ingleses para que dirigieran la acción colectiva) y Fernando León y Castillo (que presionó a Francia para que tomara la iniciativa). Así, la nueva política exterior se asentó en tres pilares: presentó la intervención estadounidense como algo contrario a los intereses europeos; identificó el mantenimiento de la soberanía española sobre Cuba con el mantenimiento de la monarquía en España; y buscó el apoyo de la Triple Alianza y de Inglaterra. Nuevamente, se fracasó en esta política debido a: la incapacidad de España para terminar con la guerra con Cuba; la inexistencia de voluntad por parte de los rebeldes para llegar a un acuerdo; y la falta de intereses de Estados Unidos.

            Crisis de 1898: La crisis de 1898 presentó tres escenarios: el Caribe, el Pacífico y el Estrecho de Gibraltar. Estados Unidos pensaba someter a Cuba a un bloqueo con su flota atlántica después de atacar en el Pacífico. En la batalla de Cabite, destrozó la flota española del Pacífico, logró controlar la bahía de Manila y se colocó cerca de la ciudad. Así, una operación que en principio era de seguridad terminó abriendo Filipinas como objetivo.

            Cuando comienza la guerra hispano-norteamericana, Francia e Inglaterra se declaran neutrales. Sin embargo, Francia simpatizó con la causa española y Gran Bretaña con Estados Unidos. En el verano de 1989, tras el mencionado desastre de Cabite y el de Santiago de Cuba, donde es destrozada la flota del Almirante Cervera, en Madrid se produjo una crisis en el gobierno. Se nombraron nuevos ministros (Almodóvar del Río sustituyó a Pío Gullón en el Ministerio de Estado) y Sagasta ya es consciente de que Estados Unidos tiene unos objetivos fijados: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunas islas del Pacífico. Ante la amenaza estadounidense de atacar la metrópoli, Sagasta ordena artillar las montañas que rodean la bahía de Gibraltar, lo cual no gusta a Gran Bretaña, pues el puerto de Gibraltar es puesto en situación de inseguridad. Francia se mostró favorable a España, la cual ofreció la firma de un tratado internacional con Inglaterra. Dicho tratado fue rechazado finalmente por la propia España, que consideró muy alto el precio puesto por Gran Bretaña. Así, España fue sola a las negociaciones de paz, siendo las grandes potencias las que decidieron el reparto de las colonias españolas.

            Negociaciones de paz: Entre dichas negociaciones de paz destacaron el Protocolo de Washington, por el que se da una especia de armisticio, y el Tratado de París, por el que se firma la paz. El Protocolo de Washington fue una negociación larga y compleja en la que España tuvo que hacer una serie de concesiones para conseguir un alto el fuego y en la que se firmó un artículo muy impreciso acerca del futuro de las Filipinas. Por otra parte, la negociación de París fue muy dura. Ambas partes lanzaron exigencias que la otra parte consideraba intolerables. España planteó que Estados Unidos debía quedarse con la deuda cubana y Estados Unidos pretendió conseguir gratis las Filipinas. Ante esto último, España se escandalizó, dando, finalmente, Estados Unidos 25 millones de pesetas como compensación por las islas. En 1899, la negociación fue ratificada por las Cortes españolas y por el Senado de Estados Unidos. Finalmente, decir que Palaos, las Marianas y las Carolinas fueron vendidas a Alemania por 20 millones de pesetas.

            Consecuencias: Estos sucesos tuvieron su impacto en diversos ámbitos. En el plano de la política interior, la oligarquía que gobernaba el país sufrió un duro golpe, pues la crisis supuso el desarme moral de la ideología sobre la que se asentaba el sistema canovista. En segundo lugar, la crisis demostró el fracaso histórico del liberalismo español, que debía actuar en un marco de oligarquía y caciquismo. En tercer lugar, se produjo un surgimiento de los nacionalismos periféricos.

            Regeneracionismo: Sin embargo, toda esta situación de fracaso generalizado dio la oportunidad para un cambio dentro del sistema, representado por el ascenso al poder de Francisco Silvela. Este se convirtió en la expresión de los sentimientos regeneracionistas, con una política basada en la reafirmación del poder civil sobre el militar, en el intento fallido de integración del catalanismo, en el equilibrio presupuestario (destaca Raimundo Fernández Villaverde) y en la legislación social (destaca Eduardo Dato). Sin embargo, este regeneracionismo político terminó fracasando ante la imposibilidad del sistema de asimilar las demandas de la sociedad.

            En el plano intelectual, el regeneracionismo se basó en la crítica de los intelectuales a los males de la patria. Destacó la llamada Generación del 98, que, aunque poco influida por los acontecimientos políticos, sí que supuso una manifestación de la crisis espiritual que vivía el país.

12. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y CAMBIOS SOCIALES EN EL SIGLO XIX

12.1. Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: El impacto del ferrocarril.

                Propiedad de la tierra: A principios del siglo XIX, la economía se caracterizó por la acumulación de la propiedad de la tierra en pocas manos, quedando grandes extensiones de terreno sin cultivar. Tuvieron cierta importancia la pequeña y mediana propiedad, persistiendo la Mesta y sin apenas evolución tecnológica. A lo largo del siglo, hubo una serie de transformaciones que afectaron al sistema de propiedad y explotación agrícola y que estuvieron acompañadas por un lento desarrollo industrial que contrastó con otros países europeos (como Gran Bretaña o Francia).

            Reforma Agraria: La Reforma Agraria Liberal se compuso por un conjunto de medidas jurídico-constitucionales que mejoraron el régimen de propiedad y la productividad de la tierra, así como las relaciones capitalistas en el campo. Fue un proceso discontinuo, iniciado con el Informe sobre la ley agraria de Jovellanos. Con el retorno de Fernando VII, se suprimieron estas reformas, reimplantándose definitivamente entre 1835 y 1839. Así, se dieron una serie de cambios en la distribución y comercialización de la producción agraria, tales como la liberalización del comercio interior o supresión del diezmo y de los derechos señoriales. En 1845, una nueva reforma fiscal estableció la contribución directa sobre la agricultura.

            Abolición del régimen señorial: Por otro lado, la abolición del régimen señorial presentó una serie de problemas: determinar qué rentas sobre el campesinado eran de origen señorial (solucionándose en 1823 y 1837), diferenciar entre señoríos territoriales (tierras en propiedad) y jurisdiccionales (administraban tierras que les habían sido cedidas por la Corona), y determinar qué títulos de propiedad se debían presentar para justificar la titularidad de la tierra. Estos dos últimos problemas se intentaron solucionar en 1823, pero con el término del Trienio Liberal se paralizaron dichas reformas. Finalmente, la cuestión se solucionó en 1837, indemnizando con títulos de deuda pública a los perjudicados.

            Mayorazgo: El mayorazgo consistía en la vinculación de propiedades a una familia, de tal forma que no pudieran enajenarse. Hubo tres razones que llevaron a la abolición del mayorazgo: económica (ya que el mayorazgo era un impedimento para la capitalización de las relaciones agrarias); política (ya que acarrearía un debilitamiento de la aristocracia y, por consiguiente, del régimen absolutista); y social (ya que representaba al Antiguo Régimen). Con esta reforma, la aristocracia vendió estas tierras para liquidar sus deudas, siendo adquiridas por los burgueses y reduciéndose la inversión industrial.

            Derechos de los propietarios: En cuanto a los derechos de los propietarios, a partir de 1836 se suprimieron las costumbres comunitarias que impedían al propietario real el uso libre de sus posesiones, consiguiendo con el tiempo los propietarios hacer valer sus derechos.

            Desamortizaciones: En relación a la desamortización, diremos que esta consistió en la apropiación por parte del Estado de tierras, edificios u otros bienes que generalmente pertenecían a la Iglesia, municipios y otras instituciones. Durante el último tercio del siglo XVIII se expropiaron los bienes de los jesuitas y durante el siglo XIX se produjeron las desamortizaciones de Godoy (primera década), del Trienio Liberal, de Mendizábal y Espartero, y, por último, de Madoz (durante la segunda mitad del siglo). Las tierras desamortizadas fueron repartidas entre los campesinos, entregadas como gratitud a los militares de bajo rango o subastadas públicamente, y con ellas se pretendió reducir la deuda pública y dinamizar la economía invirtiendo en infraestructuras. Los grupos más perjudicados fueron la Iglesia, los municipios y el campesinado, al privatizarse los bienes comunales.

            Transportes: Con el fin de dinamizar la economía, se invirtió en infraestructuras, a fin de lograr un mercado interno y aumentar la capacidad de exportación. Se invirtió en construcción de nuevos puertos y en la remodelación de los antiguos a raíz de la pérdida del imperio colonial. El transporte marítimo y el ferroviario fueron de la mano en esta nueva etapa. Se creó un sistema radial de carreteras y redes ferroviarias, que fue remodelado y ampliado junto a la modernización de los vehículos de transporte (en 1900 se matriculan los primeros automóviles). Paralelamente, se estableció una red de postas para el abastecimiento animal. Surgieron una serie de compañías encargadas de construir la nueva red ferroviaria con capital francés y de particulares españoles. Como consecuencia, se establecen nudos de comunicaciones que benefician a las ciudades emergentes, ahorrando recursos y favoreciendo el transporte intranacional e internacional de mercancías. Aumentó el transporte de prensa y correo, lo que supuso una integración social, todo ello a favor de las industrias del hormigón y siderúrgica. Por último, se extendió el uso del telégrafo.

            Industria: En la industria convivieron el sistema artesanal (productos alimenticios y de consumo) y el industrial (textil y siderúrgica). A lo largo del siglo XIX se quintuplicó la producción industrial. Los principales centros industriales fueron Barcelona y su periferia (industria textil), la cornisa cantábrica (industria siderúrgica en Vizcaya, Asturias y Santander) y Andalucía (industria textil y siderúrgica). La producción artesanal estaba repartida, sobresaliendo Madrid, Sevilla, Santander y Valladolid.

            Minería: En cuanto a la minería, la explotación minera se caracteriza por: la riqueza de yacimientos, la existencia de mano de obra barata y la presencia de capital extranjero (Ley de Minas 1868). Se extrajeron carbón, plomo y zinc, destacando la extracción y comercialización del hierro. El auge de la minería española estuvo causado por la expansión de la renovada tecnología del acero, la proximidad de las minas vizcaínas y santanderinas a los puertos a favor del comercio, y la construcción del ferrocarril minero, de muelles de carga y de instalaciones de lavado y concentrado. Los beneficios obtenidos por la exportación del hierro se invirtieron en la industria y los obtenidos por el resto de metales contribuyeron a: equilibrar la balanza de pagos, aumentar el empleo y favorecer la injerencia de técnicos extranjeros, lo que conllevó una modernización de la tecnología minera y potenció la demanda de servicios terciarios (bancos, comercios y obras públicas).

            Conclusión: En conclusión, a lo largo del siglo XIX la estructura y explotación de la tierra pasó de un modelo propio del Antiguo Régimen a uno de economía liberal. Además, se hizo un gran esfuerzo para invertir en infraestructuras, industria y minería; si bien, en comparación con otras potencias europeas, siguió siendo un país de desarrollo lento y menor capacidad competitiva.

12.2. Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a la sociedad de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España.

                Demografía: A lo largo del siglo XIX, la implantación del Estado liberal conllevó una serie de cambios en la estructura y en el orden social que coexistieron con la persistencia de pautas sociales propias del Antiguo Régimen. En cuanto a la demografía, se advierte un crecimiento modesto en comparación con otros países europeos. Se pasó de 11 a 16 millones de habitantes tras superar la crisis demográfica derivada de la Guerra de Independencia gracias a un mayor crecimiento, que coincidió con la Reforma Agraria Liberal y la emancipación de las colonias (cesan las migraciones). Se evolucionó desde un modelo demográfico antiguo a uno moderno (permanece la natalidad elevada y se reduce la mortandad gracias a las mejoras en alimentación e higiene y a las primeras vacunas). No obstante, España tuvo que hacer frente a epidemias, tales como brotes de fiebre amarilla y cólera, y diversas crisis de subsistencia, aliviadas con la extensión del ferrocarril.

            Movimientos migratorios: En cuanto a los movimientos migratorios, la emigración estuvo prohibida hasta 1853, con perspectiva de un aumento de la riqueza. Hasta 1870, en apenas dos décadas, emigraron 300.000 personas a fin de “Hacer las Américas”, debido a un excedente de población y a una  insuficiencia de recursos en la península. Por otro lado, los desajustes poblacionales internos se resolvieron mediante movimientos dentro de las propias provincias interiores (homogeneización de la densidad demográfica) y con el envío de población desde las costeras al extranjero.

            Población: En la distribución de la población se distinguen dos regiones: la periférica (mayor crecimiento debido a una mayor actividad económica: 50hab/Km.²) y la interior (mayor peso demográfico, pero más repartido: 22hab/Km.²). Predominaba la población rural, con una mayoría de núcleos urbanos con menos de 5.000 habitantes, junto a la expansión de las mayores ciudades como Madrid (duplica sus habitantes, rozando los 400.000 a finales de siglo) o Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga (éstas con más de 100.000 censados).

            Capitales: La mayoría de las capitales de provincia crecerán, a causa del éxodo rural en busca de un mayor nivel de vida, siendo Madrid, Barcelona y Valencia los destinos predilectos, ya que fueron centros económicos, de servicios y administrativos. En 1877, aproximadamente un 93% de españoles nacieron y fallecieron en la misma provincia. Así, la mayoría de los movimientos migratorios fueron intraprovinciales, desde los pueblos a las capitales de provincia correspondientes, con la excepción de Madrid (46% de población censada fuera). Debido a este reparto demográfico se consolidó un Estado central y se avivaron los nacionalismos vasco y catalán y el regionalismo gallego.

            Reformas urbanísticas: Entre las reformas urbanísticas de la década de 1850 figuran: la desamortización de bienes urbanos eclesiásticos, un aumento de la periferia de las ciudades debido al éxodo rural, unas mayores inversiones inmobiliarias con el auge de la burguesía urbana, y la implantación de las administraciones territoriales en las ciudades. Desde 1860 a 1900 destacó la llamada política de ensanches: barrio de Salamanca, el proyecto de ciudad lineal de Arturo Soria o el plan Cerdá en Barcelona.

            Distribución de la población activa: En cuanto a la distribución de la población activa, fue una sociedad rural por excelencia (fundamentalmente en Cantabria, Galicia y Extremadura), aunque con fuerte presencia urbana en Cataluña y Madrid, cuya población se dedicó a los sectores terciario (46%) y primario (35%) mayoritariamente.

            División social: La división social dejó definitivamente atrás el patrón estamental propio del Antiguo Régimen y se realizó por un criterio económico, con una minoría adinerada (élites) y una mayoría pobre (clases trabajadoras). Los miembros de las élites, además de vivir en una posición acomodada, debían ostentar cierto prestigio, guardar lazos de parentesco entre sí y adoptar las formas culturales aristocráticas. De este modo, se podía ascender socialmente (a la aristocracia tradicional se unirá la burguesía de los negocios), con una tímida presencia de la clase media.

            Burguesía: La burguesía, hasta la década de 1870, se distinguía geográficamente: periférica (vinculada a la industria y al comercio en Barcelona y en ciudades industriales del norte) y la interior (dedicada a las finanzas, la agricultura y el comercio en ciudades emergentes como Madrid o Valladolid). A partir de 1870 surgió la burguesía de negocios, que dominó la vida socioeconómica del país, asentada en los principales núcleos urbanos.

            Clases trabajadoras: En cuanto a las clases trabajadoras, decir que el número de obreros industriales creció con el transcurso del siglo hasta superar el millón. Paralelamente, el artesanado urbano vivió una expansión, a pesar de la abolición de los privilegios gremiales y del auge de los servicios domésticos. Dado que no se enriquecieron, se proletarizaron, y esta masiva proletarización derivó en el surgimiento del movimiento obrero, el cual reivindicó la reducción de la jornada laboral y el derecho de asociación. Hasta la década de 1860, dicho movimiento adoptó la forma de un sindicalismo mutualista a través de los gremios (corporación de obreros que establece pautas laborales homogéneas), montepíos (fondos económicos de rescate) y cofradías (colectivo de obreros que ponen en común una serie de bienes). En 1854, se convocó la primera huelga general, apoyando a los demócratas y republicanos. Durante el Sexenio Revolucionario, a raíz de la primera AIT, se creó la Federación Regional Española, de ideología anarquista y socialista. Ambas corrientes lograron con éxito el apoyo de la clase trabajadora en Madrid, Barcelona y Valencia. No obstante, en la segunda AIT, los conflictos ideológicos entre Karl Marx y Mijaíl Bakunin propiciaron la separación de ambas tendencias, distinguiéndose a su vez entre anarcosindicalistas pacíficos y anarquistas puros (postura violenta que propició magnicidios).

            Desde 1874 en adelante, tras haberse suprimido los derechos sindicales en 1875, se reimplantaron en 1887 con la Ley de Asociaciones, creándose la UGT y el PSOE. Por último, entraron en escena otras asociaciones como la FTRE, la Mano Negra (que llevó a cabo huelgas, magnicidios y asesinatos intimidatorios en Barcelona y Andalucía) y el obrerismo cristiano a raíz de la encíclica “Cum Multa” de León XIII.

12.3. Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. La educación y la prensa.

            Cambio de mentalidad: El siglo XIX, en el campo de las mentalidades, se caracterizó por producirse una serie de cambios que tuvieron como causas principales la industrialización, la urbanización de la sociedad, y la mejora de las comunicaciones y de los medios de transporte. Estos fenómenos produjeron cambios en las costumbres, las formas de conocer el medio y relacionarse con él y las señas de identidad de las personas.

            En primer lugar, apareció la idea de progreso como un proceso histórico en el cual el ser humano introduce innovaciones tecnológicas que le permiten un mayor control sobre el medio. Así, se llega a la convicción de que el hombre puede controlar todo lo que se proponga a través de la ciencia y la técnica (se desarrollan equipos de investigación y hay una búsqueda intencionado de nuevos avances). Por esta razón, se piensa que todo es posible (son sintomáticas de la mentalidad de la época obras como Viaje a la luna o Viaje al centro de la Tierra).

            En segundo lugar, se pasó de una cultura de parámetros rurales a una cultura de parámetros urbanos, lo que provocó la lenta desarticulación de las comunidades rurales. Se rompieron pautas y costumbres tradicionales: relaciones de protección, relaciones de subordinación, relaciones personales y clientelares. La persona pasó de tener una identidad, unos sistemas de valores, a formar parte de una masa anónima con relaciones interpersonales. Esto llevó a una secularización de las prácticas culturales. Así, no es extraño que se cambiara el concepto de familia, apareciera el feminismo o los anticonceptivos. Además, es ahora cuando el sentimiento nacional o de afecto por un club de fútbol va a tener un peso importante en la identidad de las personas.

            En tercer lugar, se dieron otros cambios. El ritmo de vida es mucho mayor, por lo que el tiempo se exprime mucho más. Hay sistemas de información nuevos: son los fenómenos de opinión los que informan a las masas, no el párroco, el cacique o el señor feudal. Por otra parte, en el mundo urbano es donde se significaron los cambios técnicos, la socialización de los inventos y la idea del cambio. Además, los nuevos inventos cambiaron cuestiones como el vestido, la dieta o los medios de información.

            En cuarto lugar, a lo largo del siglo se desarrolló un conflicto entre los partidarios de lo tradicional y los que apoyaban una cultura abierta a las novedades del pensamiento europeo (darwinismo, racionalismo o positivismo) para superar el atraso cultural y científico. Entre los segundos, hubo algunos que tendieron hacia posturas de laicización de la sociedad (clases medias), mientras otros fueron más allá, manteniendo posturas revolucionarias y anticlericales (clases bajas).

            Arte: En el ámbito del arte, durante la primera mitad del siglo XIX llegaron a España el Neoclasicismo y el Romanticismo y, durante la segunda mitad, el Realismo y Naturalismo. Además, el régimen liberal permitió que artistas e intelectuales pudieran contagiarse de las corrientes que había en Europa. El siglo XIX es el siglo de los museos y las bibliotecas, emancipadas del poder real y eclesiástico gracias a procesos como la exclaustración y la desamortización. Durante la Guerra de Independencia se despierta un interés por estos bienes. La riqueza pictórica fue a parar al Museo Josefino (Madrid), al Museo Napoleón (París), o fue adquirida por particulares. Así, se establecieron en Madrid los museos nacionales: el Museo del Prado (1819), el Museo Arqueológico Nacional (1867) o el Museo Naval (1843). Surgió, además, la Biblioteca Nacional. Por otra parte, destacó el mecenazgo ministerial, con algunas colecciones privadas. Sobresalió Goya, y, a su muerte, Mariano Fortuny.

            Educación: Respecto a la educación, la alfabetización creció poco, siendo el porcentaje de un 24 % en 1860 y de un 28 % en 1877. Esto nos da como conclusión que la ley de Moyano de 1857, que obligaba a la escolarización infantil, fue incumplida sistemáticamente. Las ciudades más alfabetizadas fueron Vitoria y Madrid, con un 63 % en esta última, del cual un 52 % eran mujeres.

            La educación primaria se empezó a reglamentar en las Cortes de  Cádiz, sobre los principios de universalidad, obligatoriedad y gratuidad. No obstante, esta primera reglamentación es poco realista, pues no tuvo en cuenta que el Estado español no poseía recursos suficientes para escolarizar en educación infantil. Ante esto, la cuestión se trató de solucionar con la Ley Moyano de 1857, donde se mantiene la obligatoriedad pero no la gratuidad. A pesar de esta nueva ley, se sigue produciendo absentismo escolar por dos razones: la insuficiente oferta de escuelas y la poca voluntad por parte de los padres de que sus hijos tuviesen una educación académica. No obstante, la Ley Moyano consiguió aspectos positivos: triplicó el número de niños escolarizados y fomentó un aumento de escuelas, en especial las femeninas.

            La reglamentación de la enseñanza media tuvo un peso importante en el plan de educación de José Pidal (1845), el cual presenta las siguientes características: ordenó el plan educativo por provincias, estableciendo en ellas un instituto público en torno al cual se organizaban los colegios privados; determinó el plan de estudios a cursar; y estableció las materias de las cuales debía examinarse el alumno en las reválidas, existiendo un número de estudiantes de colegios privados no vinculados al instituto que estudiaban las materias allí impartidas. Así, con el plan de Pidal, el éxito fue para los colegios de religiosos. Por otra parte, con la ley Moyano (1851) se hizo una primera reglamentación: se matizó el sistema de 1845 y se especificaron cuestiones como el profesorado y el régimen y gobierno de los centros escolares. El principal éxito de este reglamento fue lograr el agrado de todos los partidos que deseaban una reforma en la educación. Respecto a la universidad, se organizó en torno a la universidad central en Madrid, habiendo un centro universitario en cada provincia, del que dependía el instituto. A parte de la universidad, también se podía cursar la carrera militar o eclesiástica.

            Crisis de fin de siglo: La nueva mentalidad empezó a tener sus detractores, surgiendo la llamada crisis de fin de siglo. En ella, se empiezan a cuestionar las glorias del proceso continuo y se percibe cierto tono de agotamiento en la creencia en que el progreso es la clave de la felicidad, ya que los efectos no han sido tan positivos como se esperaba y no siempre habían sido tangibles. En la práctica, se cree que el cambio es posible, pero que sólo es tangible a unos pocos. Esta crisis culminó en la Primera Guerra Mundial, a raíz de la cual se dejó de hablas de una Europa dominadora de todo y se empezó a hablar de la “decadencia de Occidente”.

            No obstante, van a ser los autores de esta crítica quienes den lugar a la edad de plata de la cultura española, destacando el Novecentismo y las generaciones del 98 y del 27. La generación del 98 criticó los defectos del sistema político de la Restauración (decadencia nacional y oligarquía en el poder) pero no hicieron propuestas políticas alternativas coherentes (cosa que trató de hacerse en el Novecentismo), destacando ensayistas como Joaquín Costa y Ramiro de Maeztu, o escritores y periodistas como Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Ramón María del Valle-Inclán. Por otra parte, a partir de 1898, los intelectuales lograron una fuerte proyección pública interviniendo en la vida política y social mediante la firma de manifiestos, la colaboración en periódicos y revistas, la celebración de conferencias (Ateneo de Madrid), la creación de asociaciones (Liga de la Educación Política) o, incluso, la participación en las elecciones (Pérez Galdós y Pío Baroja).

            Conclusión: En conclusión, a lo largo del siglo XIX, hubo un conjunto de transformaciones en la mentalidad de los españoles, causadas por las nuevas circunstancias históricas del liberalismo y la industrialización fundamentalmente. No obstante, en España siguió habiendo reminiscencias culturales del Antiguo Régimen. Por otra parte, hubo una preocupación por parte del Estado Liberal por mejorar la calidad cultural de la nación, sobresaliendo el esfuerzo en materia educativa.