14. LA DICTADURA
FRANQUISTA
14.1. La creación del
Estado franquista: Fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Evolución
política y coyuntura exterior. Del aislamiento al reconocimiento internacional.
El exilio.
Introducción: Conocemos por Estado franquista al periodo de
tiempo que transcurrió de 1939 a 1975 en España, bajo la regencia vitalicia y
dictadura unipersonal de Francisco Franco. Este, fue ante todo un militar que quiso
imponer orden en la sociedad, que contemplaba la historia española como un
enfrentamiento entre la España tradicional y la anti-España (liberales), y que
estimó que todos los problemas de España tenían dos causas: la conspiración de
comunistas y masones, y la llamada Leyenda Negra.
Sistema político: Al comenzar
la Guerra Civil, surgiendo diferentes tendencias entre los que apoyaron el
alzamiento, conocidas como las “familias” del Régimen, entre las que
Franco procuró mantener un equilibrio de poder y que fueron: militares,
falangistas, católicos, monárquicos y tecnócratas. Los militares fueron la
pieza clave del Régimen de Franco, pues estos no sólo debían guardarle lealtad
política, sino también militar. Por otra parte, Falange (cuyo principal
objetivo fue construir un Estado totalitario y reformar la economía y la
sociedad) fue unificada con los carlistas, creándose el llamado Movimiento
Nacional. Respecto a la Iglesia, Franco estimó que era un apoyo sólido, pues:
había muchos católicos, la identificación del Régimen con principios católicos
era más aceptable, y la Santa Sede fue la primera nación en reconocer el nuevo
Estado franquista. La Iglesia también quiso intervenir en política a través de
la ACNP, asociación fundada por el Padre Ayala y Herrera Oria. Del mismo modo, Franco
trató de hacerse con el apoyo de los monárquicos, divididos en: carlistas y
partidarios de Don Juan. En relación a los tecnócratas, estos fueron
funcionarios de carrera, muchos del Opus Dei, caracterizados por no tener un
proyecto político específico, pero siendo acusados por Falange de tenerlo, lo
cual provocó enfrentamientos entre ambas agrupaciones que propiciaron la
intervención del propio San Josemaría en 1967.
El constitucionalismo franquista
fue el conjunto de leyes orgánicas que configuraron el sistema político del
Régimen, definible como una “democracia orgánica” y una “monarquía tradicional,
católica social y representativa”. Entre dichas leyes destacaron: ley de la
Administración Central del Estado, de 1938 (se otorga al jefe del Estado el
poder ejecutivo y legislativo); Fuero del Trabajo, de 1938 (exaltaba el valor
del trabajo, sentaba los principios de la política social y definía el papel de
los nuevos “sindicatos verticales”); ley constitutiva de las Cortes, de 1942
(establecía unas Cortes controladas por el régimen); Fuero de los Españoles, de
julio de 1945 (definía los derechos y deberes de los españoles); ley de Referéndum,
de octubre de 1945 (establecía la posibilidad de someter a referéndum los
proyectos de ley de especial trascendencia, aplicándose sólo en dos ocasiones);
ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de 1947 (se definió a España como
reino); ley de Principios del Movimiento Nacional, de 1958 (reafirmaba los
principios en los que se basaba el régimen); y ley orgánica del Estado, de 1967
(reafirmaba los fundamentos autoritarios del régimen). Respecto a los principios
políticos, fueron fundamentalmente dos: principio de unidad de poder (se
estableció a través de la ley de la Administración Central del Estado y de la
ley constitutiva de las Cortes, afirmando que todo el poder recaía en el jefe
de Estado: Franco); y principio de unidad nacional (se estableció mediante la
ley de Sucesión a la Jefatura de Estado de 1947, en la que se reforzaba la
condición del Estado como monarquía autoritaria, tratando de acabar con los
nacionalismos).
En el Régimen franquista se
establecieron las siguientes instituciones: las Cortes (se establecieron
para satisfacer el principio de representatividad, siendo sus miembros elegidos
por las instituciones y por Franco, y estableciéndose también la libertad de
expresión de las propias ideas mientras estas no atacasen a los principios del
régimen); el Consejo Nacional del Movimiento (segunda cámara encargada de que
las leyes fueran acordes a los principios del Movimiento); y el Consejo del
Reino (en los años 60 toma la función de elegir una terna de tres candidatos
entre los que Franco debía escoger al presidente del Consejo de Ministros).
Junto a estas instituciones, aparecieron otras organizaciones, como son: la FET
y de las JONS (cogía todas las facciones falangistas, carlistas y del
Movimiento Nacional, estando orientada hacia los hombres y creándose una
sección femenina); Organización Juvenil Española (llamada OJE, se encargaba de
formar a la juventud en los valores del nuevo Estado); y Organización Sindical
(sindicato único en el que se integraba a empresarios y trabajadores, apareciendo
un sindicalismo vertical).
Evolución (1939-1957): Respecto
a la evolución política, diremos que la primera etapa del franquismo se conoce
como época azul (1939-1941), pues en ella Franco dio mayor peso en el gobierno
a Falange, como propaganda de cara a la Alemania nazi y a la Italia de
Mussolini. Una de las primeras cuestiones que tuvo que abordar Franco fue la
entrada en la Segunda Guerra Mundial, reuniéndose en Hendaya con Hitler, el
cual no aceptó las exigencias de Franco, no pudiendo ejecutarse la Operación
Félix. El cambio de orientación en la guerra y los enfrentamientos entre el
general monárquico Varela y el falangista Serrano Suñer, hicieron que, a partir
de 1942, Franco concediera mayor apoyo a los católicos. La nueva figura clave
del gobierno fue Martín Artajo (ministro de Relaciones Exteriores), cuya
principal labor desde 1945 consistió en el acercamiento a las potencias vencedoras
de la Guerra Mundial. Sin embargo, las muestras de alejamiento del
totalitarismo que se dieron no sirvieron, debido a una serie de leyes
publicadas entre 1939 y 1945: ley de Responsabilidades Políticas (violó el
principio de no retroactividad); ley de Represión de la Masonería y el Comunismo;
y el Código de Justicia Militar (establece que cualquier acción contraria al
régimen debía ser juzgada por un tribunal militar). Así, el hecho de que el
franquismo apoyara a la Alemania nazi y las 28.000 personas que fueron
ejecutadas a causa de las leyes antes descritas, propició la poca credibilidad
en el extranjero de las muestras liberalizadoras que se dieron. De esta manera,
España no fue aceptada en las Naciones Unidas, donde en 1946 se adoptó una
resolución según la cual se aconsejaba a los países miembros la retirada de sus
embajadas de España, estableciéndose un aislamiento del país. Las relaciones
económicas con el exterior se deterioraron, siendo el régimen argentino de
Perón el único que dio apoyo económico a Franco. Sin embargo, en 1947, con el
comienzo de la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a ver a España como un posible
aliado, firmándose unos acuerdos bilaterales entre ambos países que llevaron al
ingreso de España en la ONU en 1950. Martín Artajo siguió dando pasos para
integrar a España en el bloque occidental, destacando dos acontecimientos en
1953: la firma de un Acuerdo de Base con Estados Unidos para ceder espacio en
las bases militares españolas a cambio de ayuda económica (siendo esta ayuda
menor a la del Plan Marshall y teniendo que darse permiso a Estados Unidos para
instalar misiles nucleares); y la firma de un Concordato con la Santa Sede (se
establece la confesionalidad católica).
Oposición al régimen:
Paralelamente a la evolución descrita, se dio una oposición al régimen, que creció
en 1944, cuando aumentó el número de guerrilleros que formaban el Maquis, grupo
apoyado por el Partido Comunista que fue aniquilado. Surgió también una
oposición por conflictos laborales: en 1945, se detuvieron tres comités del
PSOE; y, en 1947, se reprimieron seis huelgas en las Provincias Vascas y
Cataluña. Tras esto, una serie de monárquicos consideraron que debía
restaurarse la monarquía en la persona de Don Juan, que defendió esta postura
en el Manifiesto de Lausana. En el exilio, los republicanos estuvieron
divididos: Prieto y sus seguidores (consideraban que se debía colaborar con los
monárquicos), y Negrín y los comunistas. Prieto se reunió con Gil-Robles
(representante de Don Juan) y con Ernest Bevin (ministro de Exteriores inglés),
para tratar de formar un ejército que derrocara a Franco. Sin embargo, Prieto
observó que Don Juan estaba estableciendo contactos con Franco, rompiéndose su colaboración
con los monárquicos. A finales de los años 40, el Partido Comunista cambió de
estrategia y optó por el “entrismo”, tratando de introducirse en los sindicatos
franquistas. Así, a principios de los años 50, ya no queda oposición política
alguna, cambiando esto cuando se produjo un giro hacia el capitalismo y se
liberalizó la educación, permitiéndose que los estudiantes celebraran un
congreso nacional que terminó convirtiéndose en una protesta. Franco, para
acabar con el problema, destituyó a Ruíz Jiménez (ministro de Educación) y a
Fernández Cuesta. Así, aparecieron nuevos grupos de oposición, como los hijos
de la burguesía o los curas obreros, aunque todavía no tendrían fuerza gracias
a la apatía de los españoles y a las mejoras económicas.
Conclusión: Así, durante este
periodo, España evolucionó de un aislamiento internacional hacia una
integración en el bloque occidental, y hacia cierta liberalización del régimen
y consolidación de los principios católicos. Además, se logró llegar a un
acuerdo sobre la continuidad de las instituciones monárquicas.
14.2. La consolidación del
régimen franquista. Las transformaciones económicas: de la autarquía al
desarrollismo. Los cambios sociales.
Introducción:
En el periodo comprendido entre 1939 y 1957, España evolucionó de un
aislamiento internacional hacia una integración en el bloque occidental, y
hacia cierta liberalización del régimen y consolidación de los principios
católicos. Además, se logró llegar a un acuerdo sobre la continuidad de las
instituciones monárquicas.
Cambio
de gobierno: En 1957 comenzó una etapa conocida como neoconservadurismo, en
la que Franco realizó un cambio en la composición del gobierno con la inserción
de los tecnócratas (funcionarios de carrera, muchos del Opus Dei,
caracterizados por no tener un proyecto político específico, pero que fueron
acusados por Falange de tenerlo), que fueron responsables de la nueva política
económica y entre los que sobresalieron: Navarro Rubio (en Hacienda), Ullastres
y López Bravo (en Comercio) y López Rodó (en Planificación económica).
Consolidación
jurídica: Una de las tareas de este nuevo gobierno fue la de consolidar
jurídicamente el régimen con la aprobación de dos nuevas leyes fundamentales:
ley de Principios del Movimiento Nacional, de 1958 (reafirmaba los principios
en los que se basaba el régimen); y ley orgánica del Estado, de 1967
(reafirmaba los fundamentos autoritarios del régimen). Tras la aprobación de
esta última, el régimen procedió a la sistematización de sus leyes. Así, en
abril de 1967, la mayoría de las leyes fueron refundidas, evitándose el término
“constitución” para eludir la tradición liberal.
Problemas:
Durante este período, destacaron dos problemas a los que el régimen tuvo que
hacer frente. En primer lugar, en los años 60, se diagnosticó a Franco la
enfermedad del Parkinson, lo que sacó a la luz la cuestión sucesoria, a la que
se dio una respuesta con la introducción en 1962 de la figura del
vicepresidente. El primero fue el general falangista Muñoz Grandes, que fue
sustituido en 1969 por el conservador Carrero Blanco. Además, en 1969 se
designó a Don Juan Carlos de Borbón como sucesor con el título de rey. En
segundo lugar, se dio una disputa entre reformistas e inmovilistas. En el grupo
de los reformistas destacaron Castiella (ministro de Relaciones Exteriores) y
Manuel Fraga (ministro de Información y Turismo). El primero persiguió tres
objetivos: la asociación a la CEE (presentó la solicitud en 1962, pero fracasó
por no poder asumir los requisitos económicos y políticos necesarios); la
reforma de los acuerdos de base con Estados Unidos (intentó presionar a este
país, pero fue disuadido por Franco y Carrero Blanco); y la recuperación de
Gibraltar (a pesar de la resolución tomada por la ONU respecto a las colonias,
se fracasó en este propósito ante la postura inflexible de Gran Bretaña). En
cuanto a Fraga, este publicó una ley de prensa en 1967 que suavizaba la
censura.
Cambios
económicos: En cuestiones económicas, hasta 1957, España mantuvo una
autarquía. Sin embargo, los tecnócratas llevaron a cabo una serie de cambios
económicos que propiciaron el llamado “milagro español”, consistente en el paso
a un régimen capitalista. Las consecuencias de este cambio fueron: el aumento
de la producción y el nivel de vida; el descenso del paro (muchos trabajadores
marcharon a países como Francia o Alemania, trayendo divisas a España); el
equilibrio de la balanza de pagos (gracias al turismo); el crecimiento de las
ciudades (propiciado por la emigración del campo a la ciudad, donde el ritmo de
vida cada vez es más dinámico); y la adquisición por parte de la sociedad de
hábitos de consumo propios de una economía de bienestar (se extiende el uso de
automóviles, electrodoméstico...).
Conflicto
gubernamental: Sin embargo, a pesar de todos estos progresos económicos,
los empresarios consideran que los sindicatos verticales no funcionan,
estimando que es necesaria una nueva organización sindical con la que se
aumente la productividad y se racionalice más el trabajo. Como respuesta a
esto, Solís, ministro del Movimiento, llevó a cabo una serie de reformas:
concedió el derecho de huelga laboral, y separó a los sindicatos de empresarios
y obreros. Para efectuar esto último, se estableció que los miembros de los
sindicatos y la patronal fueran elegidos a través de la votación de
trabajadores y empresarios, respectivamente. Pero estas votaciones debían
realizarse a partir de una lista vetada por el gobierno con mayoría de
falangistas, lo cual fue criticado en 1967 y 1969 por dos periódicos: El Alcázar y el Diario de Madrid, ambos del Opus Dei. Así, Solís acusó a los
tecnócratas de formar un grupo de presión política, lo que supuso una disputa
periodística entre los diarios antes mencionados y el periódico Pueblo (gobernado por Falange), que
repercutió en el gobierno. Finalmente, el conflicto se solucionó cuando Franco
destituyó a Solís y a López Rodó, lo que, unido a la aparición del escándalo
Matesa en 1969 (en el que estaban implicados algunos tecnócratas), fomentó la
necesidad de hacer un nuevo cambio en el gobierno.
Cambios
sociales: Por otra parte, diremos que el progreso económico supuso también
una transformación de la sociedad y de la cultura. Al crecer las ciudades, el
sector primario sufrió bajas a favor del terciario. Además, la educación se
convirtió en un aspecto importante en la política del Estado, con lo que se
estableció la Ley General de Educación Básica (EGB), según la cual se daba
educación básica, obligatoria y gratuita hasta los 14 años. Esto supuso un
aumento en el número de estudiantes que lograron terminar el Bachillerato y,
por tanto, un incremento de la demanda en las universidades, teniendo estas que
aumentar su oferta. Así, se dio un aumento cuantitativo del nivel educativo,
especialmente acusado en el caso de las mujeres, las cuales poco a poco fueron
incorporándose en el trabajo fuera de casa, lo que constituye una de las
mayores revoluciones surgidas en el siglo XX.
Oposición:
No obstante, a pesar de los notables avances socio-económicos, la oposición
creció. En la segunda mitad de los años 60, se produjo la Revolución Hippie y
los acontecimientos de Mayo del 68 en la Sorbona de París (también la Primavera
de Praga de 1968, aunque esta fue por motivos bien distintos). Así, una serie
de movimientos por todo Occidente mostraron el cuestionamiento por parte de la
juventud de los valores tradicionales de la sociedad de consumo. De este modo,
en España, gran parte de los jóvenes ya no sólo participaban de la oposición
universitaria contra el régimen, sino que formaban parte de esta revolución
cultural. Hay una reacción contra la moral tradicional y contra el concepto
tradicional de familia. Las universidades se convirtieron en “laboratorios”
culturales, en los que se practicaban nuevas formas de relación y de ética.
Además, a esta oposición universitaria se unió una creciente oposición de
clérigos nacionalistas y de aquellos que formaban parte de Misión Obrera, todos
ellos colectivos que absorbieron ideas de la teología de la liberación,
apoyando huelgas y movimientos sociales. Por tanto, el régimen ya no sólo tenía
que reprimir a guerrilleros comunistas, sino también a clérigos, burgueses y
estudiantes, constituyendo esta la oposición intelectual al régimen.
Conclusión:
En conclusión, podemos decir que esta etapa supuso una transición de la
autarquía al modelo capitalista. Las nuevas medidas socio-económicas aumentaron
el bienestar en España e introdujeron al país en la llamada sociedad de
consumo. Además, se dio también una leve apertura del régimen, que, unida al
crecimiento del sistema universitario, dio pie a un nuevo despertar intelectual
en España.
14.3. Elementos de cambio
en la etapa final del franquismo. La oposición al régimen. Evolución de las
mentalidades. La cultura.
Introducción:
La etapa comprendida entre 1957 y 1969, supuso una transición de la autarquía
al modelo capitalista. Las nuevas medidas socio-económicas aumentaron el
bienestar en España e introdujeron al país en la llamada sociedad de consumo.
Además, se dio también una leve apertura del régimen, que, unida al crecimiento
del sistema universitario, dio pie a un nuevo despertar intelectual en España.
Cuestión
sucesoria: Después de enfrentar a los partidarios de la restauración
monárquica (tecnócratas y Carrero Blanco) y a los partidarios de otro regente
militar (falangistas y Muñoz Grandes), la disputa surgida alrededor de la
cuestión sucesoria se solucionó en 1969 con la designación de Don Juan Carlos
como sucesor y con un cambio en la vicepresidencia: Carrero Blanco sustituyó a
Muñoz Grandes. Sin embargo, los problemas continuaron. En primer lugar, el
enfrentamiento entre reformistas (como Castiella y Fraga) e inmovilistas
pervivió. En segundo lugar, en 1973, Carrero Blanco, ante la avanzada situación
del Parkinson de Franco, fue nombrado presidente. Sin embargo, meses después,
fue asesinado por ETA con una bomba. Tras este incidente, Franco designó a
Arias Navarro (que ocupó la presidencia hasta un año después de la muerte del
dictador). En tercer lugar, durante este periodo se dio una crisis económica
mundial conocida como crisis del petróleo o conflicto árabe-israelí, que
aumentó la oposición al régimen. Por último, decir que, en 1974, cayó la
dictadura de Oliveira Salazar en Portugal y de Dimitrios Ioannidis en Grecia.
Especial relevancia tuvo para España el hecho de que la Revolución de los
Claveles, que derrocó la dictadura portuguesa, fue llevada a cabo por
militares, pues estos sirvieron de ejemplo a militares españoles, que formaron
la Unión Militar Democrática (UMD), que jugó un papel importante durante la
transición.
Gobierno
de Arias Navarro: Durante su gobierno, Arias Navarro, que no había llevado
a cabo ninguna reforma política, fue acusado por los inmovilistas de ser blando
con la oposición. Así, Franco le sugirió que destituyera a Pío Cavanilles, con
lo que sólo se consiguió que, por vez primera, un ministro (Antonio Barrera)
dimitiera sin ser destituido. De esta forma, algunos miembros del gobierno
empezaron a estar en desacuerdo con el propio régimen. Además, como continúan
las críticas a Arias Navarro, en septiembre de 1975, se proyectó la ejecución
de cinco terroristas de ETA. Esto desató manifestaciones en toda Europa,
huelgas en el País Vasco, e incluso un mensaje de Pablo VI desde El Vaticano en
el que se condenaba esta acción. Los partidarios de Franco respondieron con
manifestaciones en la Plaza de Oriente, que fueron suspendidas cuando intervino
el Papa. Esto constató la debilidad del gobierno, incrementándose la oposición
con protestas que se unieron a las acontecidas durante estos últimos años de
dictadura, entre las que destacaron: la creación de una Asamblea de Cataluña en
1972; la creación de la Junta Democrática, con apoyo del Partido Comunista
(dirigido ya por Carrillo), en 1974; y la formación de una Plataforma de
Convergencia Democrática (formada por grupos de izquierda entre los que
destacaron el PSOE), en 1975. Respecto al PSOE, diremos que había sido
reformado hacía unos años, y su postura ideológica era ya lejana a la ideología
marxista y se decantaba por una defensa del Estado de bienestar. Estaba
dirigido por Felipe González, que fue el principal autor del cambio en el
partido.
En
relación a la oposición, podemos identificar diversos grupos: oposición obrera,
universitaria, católica y nacionalista. Respecto a la oposición obrera, a las
ya tradicionales huelgas, se unió la aparición de redes sindicales
clandestinas, como CCOO, formada por comunistas y católicos, y que se convirtió
en la organización sindical más fuerte del momento, por encima de la UGT y el
PSOE. La oposición universitaria había surgido ya en los años 60, y había
llevado al gobierno a proclamar el Estado de excepción. En relación a la
oposición católica, diremos que los católicos, a raíz de Concilio Vaticano II,
poco a poco van desvinculando a la Iglesia del régimen. El Concordato de 1953,
aunque causaba problemas al Estado, pudo mantenerse hasta la democratización
del sistema, la cual fue pedida por muchos católicos a través de dos
asociaciones: HOAC y JOE, las cuales aglutinaban obreros católicos. Respecto a
la oposición nacionalista, diremos que ya en los años 60 se había promovido la
identidad catalana y vasca. Sin embargo, en 1968, un giro marxista en el PNV
culminó con la creación de ETA, grupo terrorista que asesinó por vez primera
ese mismo año.
Cambios
sociales: Durante el franquismo, las costumbres y mentalidades se fueron
transformando en España, pero la falta de libertad provocó que estos cambios, a
diferencia de otros países europeos, tuvieran un ritmo más lento. Entre estos
cambios, destacaron: el crecimiento de las ciudades (propiciado por el aumento
de la población y el éxodo rural); la mayor importancia del sector industrial y
de servicios en detrimento del sector primario (destacó el impulso que se dio
al turismo en los años 60); y la consolidación de nuevas clases medias (esto
tuvo dos consecuencias: se suavizaron las diferencias sociales, y aumentó el
nivel educativo, destacando la incorporación de la mujer al trabajo fuera de
casa, con el cambio de rol para ella que esto supuso).
Demográficamente,
se dio un descenso de la natalidad, creciendo la población gracias a la
emigración hacia zonas de dinamismo económico (como Madrid o Barcelona).
Respecto a la emigración al exterior, esta, en lugar de ser hacia América,
comenzó a ser hacia Europa (principalmente hacia Francia y Alemania). La política
social de Franco estuvo influida por la difusión de la cultura del Estado de
bienestar, creándose de este modo los seguros sociales y la Seguridad Social.
También se produjo una transformación del sistema educativo, basada en dos
pilares: la mayor preparación del profesorado y el fuerte control ideológico,
promoviéndose valores católicos tradicionales. Esto provocó que, en 1970, se
aprobase la Ley General de Educación Básica (EGB), que establecía una educación
universal y gratuita para los menores de 14 años, suponiendo un aumento del
nivel de escolarización. Además, en los años 70 se produjo un crecimiento del
sistema universitario: tanto de las carreras ofertadas como de la demanda de
plazas. Así, al superar la demanda a la oferta, fue necesario diseñar un
sistema de acceso a la universidad selectivo: la Selectividad.
Por
otra parte, la nueva sociedad española, más urbana y próspera, adoptó una nueva
perspectiva del ocio, que pasó a convertirse en uno de los elementos
principales de la vida de las personas (destacaron: las corridas de toros,
convertidas en fiesta nacional; el deporte, sobresaliendo el fútbol; el cine; o
la radio, que fue paulatinamente sustituida por la televisión). La censura
tanto en cine como en literatura provocó una limitación de la creatividad, pero
también contribuyó a agudizarla, pues fue necesario crear nuevas formas de
decir las cosas de forma y manera que se pudiese superar dicha censura. En la
literatura en el interior de España destacaron Camilo José Cela y Miguel Delibes,
y en el exilio sobresalió Max Aub.
Conclusión:
Finalmente, el 20 de noviembre de 1975, Franco falleció, habiendo gobernado
durante 35 años en España gracias a la distraída pasividad de las grandes masas,
pues, a pesar de que la oposición fue creciente, no dejó de representar a un
pequeño sector. Sin embargo, fue esta misma pasividad la que posibilitó una
transición pacífica a la democracia.
El
franquismo había pretendido aumentar el prestigio de la imagen de España tanto
hacia el interior como hacia el exterior. Fue el responsable de un desarrollo
económico que colocó al país entre las primeras potencias mundiales, y de
extender la cultura del Estado de bienestar y de sociedad de consumo en España.
Sin embargo, dejó un país que tenía como asignatura pendiente el ingreso en
determinados foros internacionales, especialmente la CEE, para lo cual tenía
que democratizarse.
15. LA ESPAÑA ACTUAL
15.1. La transición a la
democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo
institucional. El estado de las autonomías y su evolución.
Introducción:
En La historia de España se entiende por Transición a la democracia el cambio
gradual y pacífico desde la dictadura a la democracia que se desarrolló en
España desde la muerte del general Franco en noviembre de 1975 hasta el triunfo
del PSOE en las elecciones de 1982. Este fue un proceso impulsado por el rey de
España y Adolfo Suarez, y que resultó exitoso gracias al apoyo y colaboración
de la mayoría del pueblo español, los partidos políticos, las organizaciones
sociales y los sindicatos. Así, aunque la mayoría de los españoles de entonces
estaba satisfecha con los logros económicos de los últimos años, muchos veían
en el cambio hacia el modelo europeo un ejemplo de modernidad, idea que quedó reafirmada
con el fin de las dictaduras en Gracia (1973) y Portugal (1974). Cuatro eran,
por tanto, los rasgos que caracterizaban a la Europa occidental del momento y
hacia los que avanzaba España: la estabilidad democrática, la prosperidad
económica, el Estado de bienestar y la integración europea.
Adolfo
Suárez: En 22 de noviembre de 1975, don Juan Carlos de Borbón asumió la
jefatura del Estado con el título de rey y de acuerdo a la aplicación de las
leyes franquistas, pero con la intención de restablecer la democracia. En un
primer momento, confirmó en la Presidencia a Arias Navarro, que fue destituido
por su incapacidad para afrontar los conflictos sucedidos en 1976 (una oleada
de huelgas por motivos laborales y políticos, destacando Cataluña y el País
Vasco). Su sucesor fue Adolfo Suárez, quien llevó a cabo el proceso de
transición desde la legalidad franquista, contando con un equipo de ministros
jóvenes y con el respaldo como vicepresidente y ministro de defensa del general
Manuel Gutiérrez Mellado, que se esforzó por controlar el descontento de los
mandos militares hostiles a la reforma. La primera medida que llevó a cabo fue
la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de
1976. La oposición aceptó la vía de la reforma para lograr la democratización
del país y, en contrapartida, por parte del Gobierno se dieron estos hechos:
Ley de Amnistía, desmantelamiento del Movimiento Nacional y legalización de los
partidos políticos, incluido el PCE (que defendía el llamado eurocomunismo,
aceptando las libertades democráticas). Estos gestos no estuvieron exentos de
problemas, especialmente los presentados por algunos liberales.
Una
vez que todos los partidos fueron legalizados, en junio de 1977 se convocaron
las primeras elecciones democráticas. El vencedor fue la UCD (con un 34%),
seguida por el PSOE (con un 28%), y siendo menor el respaldo electoral al PCE y
al partido de Manuel Fraga, la AP. Los nacionalistas catalanes de CDC y los
vascos del PNV consiguieron buenos resultados en sus respectivas comunidades.
Tras esto, el paso siguiente fue afrontar la crisis económica, cosa que
hicieron de forma conjunta el Gobierno, los empresarios y los sindicatos a
través de los Pactos de la Moncloa, en los que se buscó reducir el déficit
público y la inflación mediante una disminución del gasto público.
Constitución de
1978:
Posteriormente, se procedió a la elaboración de la Constitución de 1978, que
fue fruto del consenso de la mayoría de fuerzas políticas de las Cortes
(únicamente el PNV se abstuvo) y que fue aprobada el 6 de diciembre de 1978,
tras un referéndum en el que votó el 67% de los ciudadanos, de los cuales el
87% votó a favor. La elaboración del texto constitucional corrió a cargo de una
Comisión parlamentaria formada por representantes de los distintos partidos
según el peso que tenían en las Cortes. Sin embargo, el hecho de que se hubiera
obtenido un consenso no implicó que la elaboración fuera sencilla. Las
negociaciones fueron duras, y hubo algunas cuestiones (como la unidad nacional,
las relaciones Iglesia-Estado y la educación) que fueron resueltas tras largos
debates. Otras, como el divorcio, quedaron pospuestas a la legislación
ordinaria, resultando un texto lo suficientemente ambiguo como para que todos
pudieran aceptarlo. Muchos problemas fueron resueltos en conversaciones
privadas entre la UCD y el PSOE, jugando los nacionalistas catalanes un
destacado papel como impulsores de la estructura autonómica que se dio al
Estado español.
Según el texto, España quedaba definida como un “Estado
social y democrático de derecho”, con una organización territorial
descentralizada (“Estado de las autonomías”) que era compatible con la unidad
del país, estableciéndose una monarquía parlamentaria que atribuía a la Corona
las siguientes funciones: Jefatura del Estado, representación de España,
sanción de las leyes y Jefatura de las fuerzas armadas. Por otra parte, la
Constitución reconocía derechos individuales (igualdad ante la ley, propiedad y
libertades, incluida la libertad religiosa dentro de un Estado no confesional)
y derechos sociales (como educación o vivienda digna). En cuanto a la
organización del poder, este quedaba dividido en: legislativo, ejecutivo y
judicial. El poder legislativo residía en las Cortes Generales bicamerales
(Congreso y Senado), cuyos miembros eran elegidos por sufragio universal. Las
funciones del Congreso de los Diputados son elaborar las leyes, votar los
presupuestos y controlar el Ejecutivo. El Senado, por su parte, apenas tenía
poder, aunque se definía como una cámara territorial, limitándose en la
práctica a refrendar las leyes que elabora el Congreso. El poder ejecutivo
estaba formado por el presidente del Gobierno, quien nombraba los ministros y
dirigía la política interior y exterior. El poder judicial se establecía como
un poder independiente, encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Se
creó el Tribunal Constitucional para garantizar que la legislación se ajustase
a la Constitución.
Cabe destacar en la nueva legalidad el Estado de las
autonomías y su posterior evolución. Este modelo de organización territorial
tuvo su origen en las reivindicaciones de autonomía de Cataluña y el País Vasco,
y su fundamentación quedó recogida en el Título octavo de la Constitución. Se
establecían dos vías de acceso a la autonomía de una región: la “vía rápida”,
que era contemplada en el artículo 151 y por la cual accedieron las
nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) y, más adelante,
Andalucía por referéndum en 1980; y la “vía lenta”, que era contemplada en el
artículo 143 y a través de la cual accedieron el resto de regiones. De esta
forma, el territorio nacional quedaba configurado en Comunidades Autónomas que
asumían aquellas funciones que contemplase el estatuto de autonomía de cada una
de ellas (pudiendo tomar todas aquellas que la Constitución no determinase como
exclusivas del Estado). Cataluña
y el País Vasco accedieron a la autonomía en 1979, y el resto de las
comunidades entre 1980 y 1983.
Calvo
Sotelo: Pasado un tiempo, se convocaron elecciones de acuerdo
con la nueva legalidad, siendo nuevamente ganadas por la UCD y formando Adolfo
Suárez un gobierno que se desarrolló entre 1979 y 1981, fecha en que Suárez
dimitió de su cargo al ser cuestionado por su propio partido (fracasos en las
elecciones autonómicas y municipales), ser acosado por la oposición (moción de
censura del PSOE) y presionado por los militares, que le acusaban de no atajar
el terrorismo y de romper la unidad de España. El 23 de febrero de 1981, cuando
se estaba llevando a cabo la votación para nombrar a Leopoldo Calvo Sotelo como
nuevo presidente del Gobierno, se produjo el asalto de Tejero, teniente coronel
de la Guardia Civil. El intento de golpe de Estado fracasó por la oposición del
rey y la falta de apoyos militares. Así, Calvo Sotelo gobernó hasta octubre de
1982, aprobando la Ley del divorcio y la integración de España en la OTAN.
Finalmente, debilitado por las divisiones internas de su partido, tuvo que
adelantar las elecciones a octubre de 1982. Estas fueron ganadas por el PSOE,
que obtuvo mayoría absoluta.
15.2. La España actual:
los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del terrorismo. Cambios
políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidad.
Felipe González:
Las elecciones de octubre de 1982 fueron ganadas por el PSOE (48% de los
votos), que obtuvo mayoría absoluta. El nuevo Gobierno, presidido por Felipe
González, estaría cuatro legislaturas en el poder, y sus objetivos fueron: la
consolidación de la democracia, la integración en Europa, la reanudación del
desarrollo económico y la ampliación del Estado de bienestar.
En la primera legislatura
(1983-1986), tres fueron los ejes de actuación. El primero de ellos se centró
en el objetivo de sacar al país de la crisis económica, para lo cual se aplicó
un plan de ajuste consistente en una subida los tipos de interés, una
devaluación la moneda y una reconversión industrial, cuyos protagonistas fueron
el ministro de economía Miguel Boyer y el ministro de Industria Carlos
Solchaga. Este plan provocó en un primer momento el aumento del paro y la
reducción de la inversión. Además, hubo que intervenir algunas empresas,
destacando la nacionalización del grupo RUMASA. Sin embargo, a partir de 1985
la economía empezó a recuperarse. Por otro lado, el segundo eje giró en torno a
reformas políticas y sociales: se reformaron las Fuerzas Armadas mediante la
ley de la Defensa Nacional; se aprobaron los últimos estatutos de autonomía (con
la excepción de Ceuta y Melilla); se dieron dos leyes en materia de educación
(aprobación de la LODE, para ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 16
años, y la LRU, para fomentar la autonomía universitaria); se aprobó la Ley
General de Sanidad (estableciéndose un sistema nacional de salud gratuito y universal);
y se aprobó la ley de despenalización del aborto. En tercer lugar, en política
exterior, España ingresó en la CEE en 1985 y se mantuvo en la estructura
política de la OTAN tras el referéndum de 1986. La entrada en la CEE se solicitó
en 1977 y, a pesar de que las negociaciones fueron lentas, se consiguió gracias
al apoyo del canciller alemán Helmuth Kohl. En cuanto a la permanencia en la
OTAN, el PSOE había prometido un referéndum sobre la cuestión en la campaña
electoral, obteniéndose como resultado un apoyo ciudadano a la permanencia. El
PCE se había opuesto a la permanencia, fracasando en la campaña y uniéndose con
otros grupos con los que terminó formando la Izquierda Unida. Por último, diremos
que en este periodo España estableció relaciones diplomáticas con Israel.
La segunda legislatura del PSOE (1986-1989), partió de
unas elecciones en las que el PSOE volvió a obtener la mayoría absoluta. España
se benefició de la expansión económica internacional, que posibilitó la
creación de empleo, la subida de salarios y una política de inversión pública
para la modernización de las infraestructuras. A pesar de ello, la
liberalización del mercado de trabajo provocó una huelga general en 1988,
convocada por UGT y CCOO, que consiguieron que el Gobierno impulsara una serie
de medidas sociales que incrementaron las pensiones y la cobertura del seguro
de desempleo.
La tercera legislatura estuvo
marcada por las celebraciones de 1992 (Exposición Internacional de Sevilla y
Juegos Olímpicos de Barcelona), que sirvieron para mostrar la modernización de
España, pero también agravaron en el país las consecuencias de la crisis
mundial de 1993, fruto de la cual se agravó la inflación, quebraron numerosas
empresas y aumentó el paro. Además, la crisis supuso un problema para el
cumplimiento del Tratado de Maastricht. Por otra parte, en 1991 España
participó en la Guerra del Golfo.
Durante la cuarta legislatura
(1993-1996) el PSOE tuvo que gobernar con mayoría simple, para lo cual pactó
con CiU. Destacó la firma del Pacto de Toledo (1995), que garantizó y
estabilizó el sistema público de pensiones. Sin embargo, la legislatura estuvo
marcada por los casos de corrupción de los máximos responsables del Banco de
España y de la Guardia Civil, y por la guerra sucia contra ETA (caso GAL).
Estos hechos provocaron que la oposición y parte de la prensa pidiesen la
dimisión de Felipe González. En 1995, CiU retiró su apoyo al PSOE y Felipe
González convocó elecciones anticipadas.
José María Aznar:
En 1996, el PP ganó las elecciones, siendo investido José María Aznar como
presidente del Gobierno. La mayoría simple obligó a los nuevos gobernantes a
pactar con CiU y el PNV. El PP dio un giro liberal a la política económica
mediante la reducción del gasto público, la privatización de empresas públicas
y la reducción de impuestos. Este logro fue obra fundamentalmente de Aznar y
del ministro de Economía Rodrigo Rato. También se produjo una apertura exterior
de la economía española y las inversiones españolas en el extranjero superaron
por primera vez a las inversiones extranjeras en España. Además, España logró
cumplir las condiciones impuestas en Maastricht y entró en el euro. Uno de los
principales problemas fue conseguir que la UE siguiera dando ayuda económica a
España, cosa que se logró. Sin embargo, durante esta primera legislatura, los
nacionalistas aprovecharon la necesidad que el PP tenía de ellos. En 1998, CIU,
PNV y BNG firmaron la declaración de Barcelona, en la que denunciaban el
agotamiento del modelo autonómico y exigían el reconocimiento de sus
“realidades nacionales”. Después de esto, el PNV radicalizó su postura y llegó a
formar un frente nacionalista con ETA, el cual quebró cuando ETA rompió la tregua
establecida. Durante este primer gobierno de Aznar, también se profesionalizó
el Ejército, suprimiéndose el servicio militar obligatorio, y se reforzaron las
relaciones con EE.UU.
A pesar de los problemas causados por los nacionalismos,
los éxitos políticos permitieron al PP ganar las elecciones del 2000 con
mayoría absoluta, gobernando hasta el 2004 en solitario. Fue una legislatura en
la que continuaron los éxitos, lo que aventuraba una nueva victoria del PP en
las elecciones del 2004. Sin embargo, hubo dos hechos que dieron la vuelta a
los resultados: la participación de España en la invasión de Irak; y los
atentados del 11-M, que hundieron en la sombra los éxitos del PP.
Golpismo y terrorismo:
Paralelamente al desarrollo democrático, dos fueron las amenazas a este: el
golpismo y el terrorismo. En cuanto al golpismo, determinados grupos,
nostálgicos del franquismo, intentaron crear un clima de inestabilidad que
truncara la transición a la democracia (Matanza de Atocha de enero de 1977).
Cuando esta estrategia fracasó, intentaron acabar con la democracia mediante el
golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, durante la investidura de Calvo
Sotelo. La actitud del rey en defensa de la democracia y la falta de respaldo a
los golpistas impidieron que el golpe de Estado tuviera éxito.
Respecto al problema del
terrorismo, tras la desarticulación de los GRAPO, la ETA empleó la estrategia
de la desestabilización con el objetivo de forzar la negociación política.
Aunque en 1980 cometió 95 asesinatos, desde mediados de los 80 el número de
atentados disminuyó por la implicación de Francia y la eficacia de los servicios
de seguridad españoles. Sin embargo, las acciones de ETA se volvieron también más
indiscriminadas (atentado de Hipercor en 1987). La respuesta de los partidos
democráticos vascos fue la firma del Pacto de Ajuria Enea (1988). En 1997, el
secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, provocó la
movilización de la sociedad vasca, que aisló a los terroristas y su entorno
(Espíritu de Ermua). A pesar de ello, en 1998 los partidos nacionalistas vascos
firmaron el Pacto de Estella-Lizarra en el que reivindicaban la
autodeterminación. Poco después, ETA declaró una tregua y el Gobierno se mostró
dispuesto al diálogo, pero este no fructificó y ETA reanudó las acciones
terroristas en 1999. En el año 2000, PP y PSOE firmaron el Acuerdo por las
libertades y contra el terrorismo, iniciándose los procesos de ilegalización de
las organizaciones del entorno de ETA. En los años siguientes, se ha producido
un creciente debilitamiento de la banda que llevó a una tregua en 2006, la cual
fracasó al darse un nuevo asesinato.
Cambios sociales, económicos y
culturales: Por otra parte, durante el desarrollo democrático,
España ha experimentado profundos cambios sociales y económicos, destacando: el
descenso de la natalidad; el aumento de la inmigración; la incorporación de la
mujer al mundo laboral; la incorporación masiva de los nuevos usos sociales en
la información y el ocio; el desarrollo del Estado de bienestar y el aumento
del nivel de riqueza; la liberalización económica; la reconversión industrial
de los sectores tradicionales; la terciarización de la actividad productiva; y
el crecimiento de grupos empresariales de proyección mundial. En el ámbito
cultural, la democracia trajo consigo un incremento de la pluralidad con la
aparición de nuevos medios de comunicación. Se ha producido un reconocimiento
internacional de la cultura española y la libertad de expresión ha favorecido
nuevas formas de cultura popular, destacando en los años ochenta la movida
madrileña. Todo ello ha propiciado que las mentalidades se transformen.
15.3. La integración de
España en Europa. España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto
internacional.
Antecedentes: Tras la derrota de las potencias
fascistas en la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista quedaba marcado
por lo que se dio en llamar “pecado original”, pues dicho régimen había
accedido al poder en España con la ayuda de las potencias fascistas. Con el
comienzo de la construcción europea, algunos españoles comenzaron a ver en ella
una posible salida al régimen franquista que se encontraba aislado
internacionalmente. Estos grupos europeístas comenzaron a trabajar para ello,
jugando España un importante papel en el Movimiento Europeo gracias a
personajes como Madariaga, que ya había jugado un importante papel en la SDN
durante la Segunda República.
En el interior de España, ser europeísta fue algo
condenado, hecho favorecido por el contexto de la Guerra Fría. Para el núcleo
del Ministerio de Estado, Europa era importante desde el punto de vista
económico, pero el régimen no estaba dispuesto a abrirse por ello. No obstante,
en las universidades de Sevilla, Madrid, Barcelona, Granada y Oviedo, existió
una sensibilidad europeísta. Otro episodio importante fue la reunión en Múnich,
antes del IV Congreso Internacional del Movimiento Europeo, de más de 180
españoles, exiliados y residentes en España, donde se plantea la cuestión de
las condiciones que debía reunir un país para ingresar en las comunidades europeas.
Franco reaccionó con una campaña oficial contra los “traidores del contubernio
de Múnich”; pero, tras su muerte, en España comenzó un proceso de transición a
la democracia, ligado al proceso de integración en Europa, que contó con el
apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales y que muchos
historiadores han ligado a la democratización.
La entrada de España en la CEE: Uno de los objetivos que se van a
marcar los gobiernos democráticos será el ingreso en la CEE, que para España
supondrá una ayuda a su economía y la ratificación internacional del éxito de
su democratización. En
1977, Adolfo Suárez solicitó la adhesión de España a la CEE y, en 1978, la
Comisión Europea dio su aprobación a las negociaciones de esta adhesión, que se
iniciaron en 1979. España
firmó su ingreso en la CEE en 1985, siendo esta integración el mayor logro de
la política exterior del PSOE. No obstante, hubo obstáculos para lograrlo. El
principal fue el peso del sector primario español, pues Francia temía perder
cuota de mercado frente a España y el Reino Unido quería reducir las
subvenciones a la agricultura. Además, la entrada de España obligaba a aumentar
los fondos estructurales sufragados por los países ricos de Europa. Sin
embargo, España contó con el apoyo de Alemania.
España en la Unión Europea: Desde el 1 de enero de 1986 España
era miembro de pleno derecho de la CEE. Las consecuencias económicas más
importantes de esto fueron las siguientes: la liberalización económica (se puso
fin al proteccionismo y, en la década de los 80, se fomentó una dura
reconversión del sector primario e industrial para que se adaptaran a un
mercado abierto y competitivo) y la aceleración del crecimiento económico (este
fenómeno se produjo gracias a la política de ayudas de la UE, pensada para
reducir los desequilibrios socio-económicos entre los países de la Unión y que
ha permitido la modernización de las infraestructuras, la mejora del sector
agrícola mediante subvenciones y la financiación de planes de formación
profesional, reciclaje y creación de empleo).
Por
otra parte, España se ha mostrado como un activo socio europeísta participando
en la elaboración y firmando todos los acuerdos importantes, tales como: el Acta
Única de 1986 (por este acuerdo se pretendía conseguir un mercado interior real
entre los Estados miembros, así como un espacio sin fronteras interiores, en el
que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estaría
garantizada); el Tratado de Schengen de 1991 (en él se trató la seguridad
europea y se suprimieron los controles en las fronteras entre los Estados
firmantes); el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht de 1992 (en
él se llevaron a cabo las siguientes acciones: modificación de los acuerdos
fundacionales de la CEE; cambio de la denominación de la CEE por la de Unión
Europea; proposición como objetivo de una unión política llevada a cabo de
forma gradual, acordándose para ello dos sistemas de cooperación
intergubernamental, la PESC y la CAJI; y proposición de la Unión Monetaria para
1999 con la introducción del euro en los países que cumplieran los criterios de
convergencia, cosa que España logró en 1998 bajo el gobierno de Aznar,
adoptándose en 1999 el euro, que sustituyó a la peseta en el año 2002); el Tratado
de Niza de 2003 (en el que se reformaron las instituciones comunitarias); y la Aprobación
en referéndum de la fallida Constitución Europea de 2004 (qué fracasó por la
falta de apoyo de otros países), así como la nueva versión del Tratado
Constitucional Europeo (realizada en Lisboa en 2005). Por otro lado, España ha
manifestado igualmente su respaldo a los procesos de ampliación de la Unión
hasta llegar a los 27 estados que la componen hoy en día.
El papel de España en el contexto internacional: Además
de ser miembro en la UE, la política exterior de España ha girado en torno a
los siguientes ejes durante los últimos 30 años: aproximación a posiciones
neutrales al comienzo de la Transición; claro alineamiento con el bloque
occidental, destacando el ingreso en la OTAN en 1982, reforzado cuando el PSOE,
ya en el poder, celebró un referéndum en 1986 para decidir la permanencia de
España en la estructura política de la OTAN (a la estructura militar se
incorporó en 1999); participación en conflictos internacionales (Primera y
Segunda Guerras del Golfo); apoyo a las misiones de Paz Seguridad con el envío
de fuerzas de interposición en zonas de conflicto (como los Balcanes, Líbano,
Afganistán o Haití); intensificación de las relaciones en las dos áreas de
atención preferente, que son Iberoamérica (España ha pasado a convertirse en el
primer inversor en Iberoamérica y, desde 1991, impulsa la celebración anual de
la Cumbre Iberoamericana) y el norte de África (se cuidan las relaciones con
Argelia, primer proveedor de gas natural, y, sobre todo, con Marruecos,
destacando el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991, a pesar
de sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y el litigio sobre el Sahara
occidental); y presencia de ciudadanos españoles en cargos de máxima
responsabilidad en organismos internacionales, destacando Javier Solana
(secretario general de la OTAN y representante de la política exterior de la
UE) y Rodrigo Rato (director del FMI).
Ante los nuevos retos internacionales del siglo XXI (terrorismo
e integrismo islámico), la posición española ha oscilado entre el alineamiento
incondicional con EEUU y el Reino Unido (gobiernos de José María Aznar) y la
búsqueda de acercamiento entre occidente y oriente con la Alianza de
Civilizaciones (gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero), aunque manteniendo
intactas las relaciones con la OTAN.
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